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Tras asumir la presidencia de EE.UU., Donald Trump declaró «emergencia nacional» en la frontera con México. También cerró la aplicación CBP One que permitía pedir asilo. La medida es una de las seis dictadas para afrontar lo que considera como «crisis migratoria».
Donald Trump asumió oficialmente la presidencia de Estados Unidos en una ceremonia celebrada en el interior del Capitolio debido a las bajas temperaturas. «Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y que, con mis habilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos», manifestó Trump en el momento de la toma de posesión.
Uno de los temas en los que enfocará sus labores será la migración. El propio mandatario lo hizo evidente en su discurso después de haber tomado el mando. Por lo tanto, enfatizó que se declarará la «emergencia nacional» en la frontera entre Estados Unidos y México, en su esfuerzo por disminuir la llegada de extranjeros al país. Esto también le facilitará asignarle más recursos a la deportación masiva que lleva meses anunciando.
Con sus instrucciones ejecutivas, Trump busca instaurar la política de «quédate en México» con el fin de poner fin a la práctica que califica como de «captura y liberación» realizada por la administración previa. Los Protocolos de Protección al Migrante, oficialmente denominados así, permanecieron en vigor durante su mandato previo, hasta que se suspendieron en 2022.
En esta, los demandantes de asilo que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos eran trasladados a México mientras aguardaban la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Poco después de la toma de posesión, las autoridades fronterizas estadounidenses comunicaron que habían cerrado el programa de entrada legal del presidente saliente, conocido como CBP One, que había permitido a cientos de miles entrar al programar una cita en una aplicación.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés), las reuniones programadas fueron canceladas, y su página web señala que la aplicación «ya no está accesible».
De acuerdo con CBS la administración de Biden había agendado cerca de 30.000 reuniones mediante CBP One para las tres semanas venideras.
También se incluirán entre las prioridades de Trump acciones «enérgicas» contra los «refugios para migrantes», precisó la Casa Blanca en un comunicado.
En las ciudades y condados conocidos como «santuarios», los trabajadores municipales no tienen la facultad de «investigar, citar, arrestar, retener, transferir o detener a ninguna persona» con el objetivo de acatar la ley de inmigración, salvo en situaciones donde se están investigando crímenes serios.
No les está permitido recolectar datos acerca de la ciudadanía o el estatus migratorio de alguien, a no ser que sea imprescindible para proporcionar un servicio municipal. Ciudades «refugio» como Chicago y Nueva York podrían ser las primeras objeto de deportaciones.
«Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país», declaró Trump en su primer discurso como mandatario de Estados Unidos. De acuerdo con el anuncio emitido por la Casa Blanca a los medios, se tratará la seguridad fronteriza como «un asunto de seguridad nacional» y se implicarán las fuerzas armadas, incluyendo la Guardia Nacional. No se especificó cuántos y a qué puntos exactos se destinarán dichos efectivos.
El comunicado ya generó críticas, dado que la ley de Estados Unidos impide que los militares detengan de manera directa a la población civil.
Asimismo, la próxima administración tendrá como prioridad seguir con la edificación del muro a lo largo de los más de 3.000 kilómetros que separan a Estados Unidos y México.
Además de militarizar la zona fronteriza, la declaración de emergencia nacional habilitará a la nueva administración para asignar más recursos y fondos a la «deportación masiva» que Trump ha prometido durante meses.
«Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron», afirmó el nuevo mandatario, una vez más, durante su discurso.
Stephen Miller, el recién nombrado jefe adjunto del Gabinete de la Casa Blanca, se encargará de supervisar las políticas migratorias gubernamentales, colaborando estrechamente con el «zar de la frontera» y leal consejero de Trump, Tom Homan.
Homan, que lideró el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) durante el primer mandato del republicano, tendrá la responsabilidad de organizar redadas y otras medidas. Por otro lado, el Congreso recién instaurado, con dos cámaras dominadas por el Partido Republicano, ya se alineó con las políticas de inmigración de Trump.
La legislación Laken Riley, que autorizaría la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan incurrido en crímenes menores, como el hurto, a pesar de no haber sido sentenciado por ellos, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado le dio su aprobación. Ahora solo necesita que la Cámara lo verifique nuevamente.
Se prevé que Trump dará otras órdenes ejecutivas en las horas venideras, entre ellas la interrupción del proceso de reubicación de refugiados.
La administración previa había elevado la acogida de refugiados a más de 100.000 cada año. La Casa Blanca argumenta sin mayor profundidad que la suspensión es resultado de una situación de emergencia en la que se encuentran «comunidades que se vieron forzadas a acoger un número insostenible de migrantes, poniendo en entredicho su seguridad y sus recursos».
Asimismo, desde su mandato previo, el republicano frecuentemente vincula la migración con el incremento de la delincuencia en Estados Unidos. Por lo que, además de establecer la frontera, Trump comenzará el procedimiento para identificar a los grupos mexicanos de tráfico de drogas y al Tren de Aragua, una organización que nació en una prisión de Venezuela y tiene presencia en otras naciones de América Latina, como «organizaciones terroristas».
Simultáneamente, se aplicará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con el objetivo de expulsar a los integrantes de estos colectivos del país. Esta normativa autoriza la persecución de los integrantes de bandas extranjeras en Estados Unidos, un poder que últimamente se utilizó para arrestar a individuos de origen japonés, alemán e italiano en prisiones durante la Segunda Guerra Mundial.
Trump también tiene la intención de restablecer la pena capital a escala federal, cuya suspensión se estableció durante la administración de Biden. El Departamento de Justicia buscará la pena capital como la «resolución adecuada para los delitos atroces contra la humanidad», incluyendo a aquellos que asesinan a miembros del orden público y a «inmigrantes ilícitos que mutilan y asesinan a ciudadanos estadounidenses», informó la Casa Blanca en un anuncio.
En 2021, Merrick Garland, en su papel de fiscal general, proclamó una suspensión de las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia analizaba los trámites correspondientes.
Emergencia nacional en la frontera: ¿Cuánto aportan los migrantes indocumentados a la economía?
El debate es feroz debido a que gran parte de las cifras son proyecciones y a la escasez de información reciente. Algunos estudios indican que los ciudadanos sin documentos incrementan la magnitud de la economía, abonan más en tributos de lo que obtienen en servicios públicos, realizan labores que otros no están preparados para realizar y potencian el consumo interno.
Por otro lado, los partidarios de las deportaciones sostienen que los «indocumentados» despojan a los estadounidenses de sus empleos, poseen sueldos bajos, consumen poco, no abonan impuestos (o abonan muy poco) y constituyen un peso para las redes de asistencia social.
De acuerdo con la más reciente proyección del Departamento de Seguridad Nacional, basada en cifras hasta 2022, existen 11 millones de personas sin documentos en Estados Unidos. Los especialistas estiman que actualmente ese número habría crecido a al menos 12 millones.
Según el Pew Research Center, los trabajadores sin documentos constituyen cerca del 5% del empleo en Estados Unidos. La mayoría está ocupada en tareas agrícolas, en la edificación, en el servicio del hogar, en restaurantes y hoteles.
Respecto a los salarios, diversas investigaciones argumentan que los indocumentados no son verdaderamente una competencia para el trabajo documentado, en la medida que hacen trabajos más peligrosos, mal remunerados y que muchos no están preparados para llevar a cabo.
No es verdad que un indocumentado obtenga un trabajo y un estadounidense lo pierda.
Asimismo, según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP en inglés), las personas sin documentos pagaron más de US$97.700 millones en impuestos durante el año 2022.
Por otro lado, el Consejo Americano de Inmigración estima que en 2022, los indocumentados pagaron cerca de los US$76.000 millones en impuestos. A pesar de las diversas estimaciones acerca de la aportación tributaria, lo que es evidente es que hay una significativa contribución de recursos.
Además, una investigación del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE en inglés) propone que si los planes de deportación propuestos por Trump se materializan (bajo la hipótesis de que impacten a 1,3 millones de individuos), las repercusiones para el desarrollo económico serían desfavorables. Se estima que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) se reduciría en un 1,2% y se reducirían los empleos.
Es importante destacar que el año anterior se registró un récord de 2,5 millones de inmigrantes que traspasaron la frontera sur, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan por varios años una respuesta a su petición, obtienen el permiso para residir y trabajar en Estados Unidos como indocumentados, aportando así a la economía.
