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En su primer día como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que marcan el comienzo de su promesa de militarizar la frontera sur y realizar deportaciones masivas de migrantes. La medida, denominada «emergencia nacional», busca implementar un enfoque más rígido hacia la inmigración y la seguridad en la frontera con México.
Emergencia nacional en la frontera: ¿Qué implica la medida?
Trump declaró oficialmente una emergencia nacional en la frontera con México, lo que le otorga facultades especiales para abordar lo que él considera una amenaza existencial para la seguridad del país. La medida autoriza el uso de fuerzas militares para “asegurar” la frontera y repeler lo que el presidente denomina “formas de invasión”. Esto incluye tanto la migración irregular hacia EE. UU. como el tráfico de drogas desde el sur.
Según las órdenes ejecutivas firmadas por Trump, el gobierno federal tomará medidas para deportar inmediatamente a los migrantes que crucen la frontera sin autorización. Esta política de “deportaciones en caliente” promete acelerar los procesos de deportación y evitar que los migrantes permanezcan en el país a la espera de que se resuelvan sus casos.
EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Fin de programas migratorios de la administración Biden
Una de las principales características de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump es la eliminación de programas implementados durante la presidencia de Joe Biden. Entre ellos, se encuentra la aplicación CBP One, una herramienta utilizada para que los migrantes que se encuentran en México pudieran registrar sus datos y solicitar una cita para ser procesados en la frontera sur.
Además, el presidente ordenó poner fin al programa de “parole humanitario” que permitía a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela ingresar temporalmente a EE. UU. para evitar la persecución o la violencia en sus países de origen. Con la cancelación de estos programas, Trump busca endurecer las políticas migratorias y frenar el flujo de migrantes que ingresan al país.
Clasificación de carteles mexicanos y pandillas como organizaciones terroristas
Trump también firmó un decreto que clasifica a varios grupos criminales como organizaciones terroristas. Entre ellos, se encuentran los carteles mexicanos, el grupo criminal venezolano Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13. Esta medida tiene un impacto directo sobre las relaciones de Estados Unidos con estos grupos, ya que cualquier apoyo material a estas organizaciones quedará prohibido bajo la ley.
La clasificación de estas organizaciones como terroristas refuerza el enfoque de seguridad nacional de Trump, al mismo tiempo que responde a su retórica de campaña en la que prometió eliminar las amenazas que representan estos grupos para la seguridad del país.
EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Pausa en el programa de refugiados y la reforma en la ciudadanía
Otro de los puntos clave en las órdenes ejecutivas de Trump es la suspensión temporal del programa de refugiados de EE. UU. Durante tres meses, el gobierno de Trump detendrá el ingreso de refugiados que huyen de la violencia y la persecución en otras partes del mundo. Esta decisión va en contra del enfoque de la administración Biden, que había aumentado el número de refugiados admitidos a EE. UU. tras las restricciones del mandato anterior.
Además, Trump firmó un decreto que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Este derecho, establecido por la Enmienda 14 de la Constitución de EE. UU., enfrenta ahora un desafío directo por parte de la administración Trump. Si bien no se ha detallado cómo se implementará esta medida, se espera que enfrente obstáculos legales significativos, ya que muchos expertos consideran que violaría la Constitución.
Desafíos legales ante la propuesta de Trump
La propuesta de cambiar la interpretación de la Enmienda 14 y negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados podría enfrentar desafíos legales importantes. Para llevar a cabo un cambio definitivo en la ley, el gobierno de Trump necesitaría una enmienda constitucional, un proceso largo y complicado que requiere el apoyo de dos tercios en el Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Aunque la medida no se aplicaría retroactivamente, podría tener un impacto significativo en los nacimientos futuros, limitando los derechos de los niños nacidos en EE. UU. de padres indocumentados.
