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La Presidencia de Perú ha informado este lunes que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarán el control de la ciudad de Trujillo, ubicada en el oeste del país, como medida de seguridad tras un atentado registrado contra la sede de la Fiscalía en esta localidad. El acto violento, considerado un atentado terrorista, ha generado preocupación en la región, y el Gobierno ha decidido implementar un estado de emergencia para proteger a la población.
El atentado en Trujillo: un acto de terrorismo urbano
El atentado ocurrido en Trujillo ha sido clasificado por las autoridades peruanas como un «cobarde acto de terrorismo urbano». La sede de la Fiscalía fue atacada con explosivos, lo que dejó daños materiales importantes en el edificio. La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, ha señalado que los artefactos explosivos utilizados en el ataque podrían estar relacionados con la minería ilegal, un problema creciente en diversas regiones del país. Además, Espinoza ha informado que el edificio de la Fiscalía ya había sido objeto de amenazas previas.
El Gobierno peruano ha condenado enérgicamente el ataque y ha reafirmado su compromiso con la seguridad de la población. En su comunicado oficial, la Presidencia dejó claro que no descansará hasta llevar a los responsables ante la justicia. Además, la Presidencia destacó la colaboración entre el Gobierno central, las autoridades locales y la Policía para garantizar la seguridad y la paz en la región de La Libertad.
Fotografía de archivo de militares preparando un albergue en Perú. EFE/Stringer
Toma de control en Trujillo: medidas de seguridad
Como respuesta inmediata al atentado, el Gobierno ha decidido que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encarguen de la seguridad de Trujillo. Esta medida se implementa dentro del marco del estado de emergencia, que permitirá a las autoridades disponer de recursos adicionales para garantizar el orden público y prevenir más actos violentos.
La ciudad de Trujillo ha sido escenario de diversos incidentes relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado, lo que ha aumentado la preocupación de los residentes y las autoridades locales. El Presidente de Perú ha destacado que la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional busca asegurar la protección de las familias en la región y frenar la escalada de violencia.
Foto: EFE
La minería ilegal y su impacto en la seguridad de Trujillo
El ataque contra la sede de la Fiscalía en Trujillo está relacionado, según las autoridades, con las actividades ilegales de minería en la zona. La minería ilegal ha sido un problema persistente en Perú, especialmente en regiones como La Libertad, donde la explotación ilícita de recursos naturales ha generado conflictos entre grupos armados y las fuerzas del orden.
El Gobierno ha señalado que uno de los objetivos del ataque podría haber sido intimidar a las autoridades que luchan contra esta actividad ilegal. La minería no solo afecta al medio ambiente, sino que también está vinculada a redes criminales que operan en las zonas más remotas del país, lo que agrava la situación de seguridad.
