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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de otros dos opositores nicaragüenses encarcelados, críticos con el régimen de Nicaragua que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo, informó este jueves la parte solicitante.
Los beneficiados son Carlos Alberto Vanegas Gómez y Efrén Antonio Vílchez López, que forman parte de los al menos 45 opositores y críticos del Gobierno sandinista encarcelados en Nicaragua y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.
En su resolución, emitida el pasado 16 de diciembre, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de Vanegas Gómez y Vílchez López tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 5 de septiembre de 2018, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dirigen un mitin en Managua, Nicaragua (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
La parte solicitante, según la CIDH, indicó que las personas beneficiarias se encuentran privadas de libertad en condiciones insalubres e inhumanas, tanto en el Sistema Penitenciario de Granada (suroeste) como en el Sistema Penitenciario Nacional ‘Jorge Navarro’, en las afueras de Managua.
“Se alegó que no están recibiendo la atención médica que requerirían para sus padecimientos de salud, ni alimentación adecuada. Se presentaron alegatos de posible tortura”, anotó el organismo, que consideró que los dos beneficiados se encuentran en una situación de riesgo.
Por su parte, el Estado de Nicaragua no brindó información sobre el estado actual de esas personas, ni proporcionó información a la CIDH.
Fotografía de archivo de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sede del organismo en Washington (EFE/Lenin Nolly)
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, ese organismo solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias.
También que adopte las medidas del caso para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellas que se garantice que no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones, y agresiones dentro del centro penitenciario.
Además, se tomen las medidas que resulten pertinentes en atención a los alegatos de tortura presentados en la solicitud; se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, tratamientos y medicamentos, e inmediatamente se realice una valoración médica integral sobre su situación de salud.
Asimismo, se brinde acceso inmediato a alimentación y agua adecuada; y se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad dada la imposibilidad de proteger sus derechos a la luz de las actuales condiciones de detención.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de “traición a la patria”.
“Al menos 45 personas permanecen detenidas por razones políticas (en Nicaragua), de las cuales 39 son hombres y 6 mujeres”, denunció este martes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la CIDH.
De los 45 reconocidos como presos políticos hasta el 13 de diciembre, 13 son adultos mayores (mayores de 60 años), incluido el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, arrestado el mes de noviembre pasado, de acuerdo con el informe.
