Un nuevo escándalo marca hoy el escenario político peruano, tras revelarse que un alto funcionario del Parlamento manejaba una red de prostitución en el Congreso cuya coordinadora fue asesinada a la usanza del sicariato.
Según el polémico periodista Humberto Ortiz, quien señaló que todo indica que Jorge Torres Saravia, gerente de asuntos legales del Congreso, cargo de alto nivel de confianza de la Presidencia del Legislativo, esta involucrado en la muerte de Andrea Vidal, fallecida ayer, tras una semana de ser acribillada por cuatro sicarios en dos automóviles y dos motocicletas que la cercaron cuando estaba en un taxi.
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Los informes de Ortiz y otras fuentes, Vidal había sido contratada por Torres como su asesora, pero en realidad la usaba para reclutar jóvenes prostitutas a las que contrataba como secretarias o asistentes.
Además, según las versiones periodísticas, la mujer cumplía instrucciones de Torres y las transmitía a las prostituidas para que tengan sexo con parlamentarios, con lo fin de lograr objetivos a favor del gerente de asuntos legales; pero tras un conflicto entre ambos, este despidió a Vidal.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció el inicio de una indagación de su grupo de trabajo, y demandó a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza que inicie una investigación sobre la presunta existencia de una red de prostitución.
Burgos dio luces sobre la vinculación de Torres con el partido Alianza para el Progreso (APP), importante aliado del Gobierno e integrante clave de la coalición que maneja el Parlamento.
Precisó que el personaje fue contratado en 2020 por el entonces congresista de APP Luis Valdez, y desde aquella época hombre de confianza y vocero del jefe de ese partido, César Acuña.
Declaró también que Torres elaboró en 2022 el predictamen que impidió que el entonces titular del Legislativo, Alejandro Soto –de APP, como el actual titular, Eduardo Salhuana- tras lo cual fue nombrado por Soto gerente de asuntos legales del Congreso.
Según Burgos, un hermano de Torres, también de APP y ex asesor de un gobierno regional, estaría preso por el delito de violación sexual en la norteña ciudad de Piura, y el propio gerente tenía antecedentes del mismo tipo.