RADIO EN VIVO
La Unión Europea anunció el lunes que renovó por un año las sanciones a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a varios de sus subalternos a quienes señala de socavar la democracia del país centroamericano.
El Consejo de la Unión Europea renovó hasta el 13 de enero de 2026 “las medidas específicas impuestas por la UE contra los responsables de acciones que socaven la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica de poder en Guatemala”, dijo el bloque de países en un comunicado.
The Associated Press consultó a la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General sobre el tema pero no obtuvo respuesta.
En febrero de este año la UE sancionó a Porras, al secretario general de la fiscalía, Ángel Pineda; al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; a la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y al juez Fredy Raúl Orellana por emprender acciones judiciales contra opositores y periodistas y cuestionar las últimas elecciones presidenciales.
Fotografía de archivo fechada el 10 de agosto de 2018 que muestra a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras. EFE/ Edwin Bercián
El presidente Bernardo Arévalo dijo en conferencia de prensa que varios Estados y entidades, como Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos multilaterales, han sido muy claros “alrededor de su condena al proceso de captura del Estado y de criminalización de la justicia que hay en Guatemala”.
Agregó que “hay alrededor del mundo un consenso del abuso que se hace desde las institucionales del Estado que están cooptadas y capturadas por esta élite político-criminal en contra de la institucionalización democrática del Estado”.
Entre las sanciones que la UE dispuso están el impedimento de entrar o transitar por los territorios de sus Estados miembros, el congelamiento de activos y la prohibición a ciudadanos o entidades europeas de poner fondos a disposición de los sancionados.
“Se podrían considerar medidas restrictivas más específicas en la medida que la democracia siga estando amenazada”, agregó la UE en el comunicado.
“La UE ha expresado reiteradamente su preocupación por el continuo mal uso e instrumentalización del sistema de justicia de Guatemala, en particular los continuos esfuerzos por anular los resultados electorales de 2023 y los continuos ataques contra el gobierno elegido democráticamente”, añadió.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Oliver de Ros
El bloque sostuvo que se mantiene vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de Derecho y ofreció apoyo al gobierno de Arévalo en áreas de fortalecimiento de la democracia, desarrollo económico e inclusivo y promoción de la justicia.
En junio de 2023 Porras buscó, sin éxito, frenar la participación de Arévalo como candidato a presidente en el balotaje contra la ex primera dama Sandra Torres, cargo que Arévalo ganó con amplia mayoría en agosto de ese año.
Entonces la fiscalía a su cargo pidió al juez Orellana suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo a la presidencia. A pesar de que la ley electoral sólo da esa potestad al Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad avalaron a Orellana.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, llega para participar en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Oliver de Ros
El cuestionado juez también ha procesado, a petición de la fiscalía, a magistrados electorales, miembros del partido e incluso ha investigado a más de 150.000 ciudadanos que participaron en la recolección, conteo y resguardo de los votos. Los fiscales han solicitado incluso el retiro de la inmunidad del presidente y la vicepresidenta Karin Herrera en busca de desaforarlos.
Arévalo ha pedido en reiteradas oportunidades la renuncia de Porras, pero ésta ha logrado mantenerse en el cargo, que expira en 2026.
Para que Porras sea removida se necesitan cambios a la ley orgánica del Ministerio Público —que exige una condena firme en su contra—. Los diputados oficialistas han hecho también una petición de reforma de la norma que aún no ha avanzado en el Congreso.
