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Dos años han transcurrido desde que Dina Boluarte hizo su accidentado ingreso a la Presidencia de Perú, 24 meses en los que su mandato ha ido enredándose en escándalos judiciales que han ubicado a la jefa de Estado en el ojo de un huracán legal con investigaciones que incluyen abandono del cargo, corrupción o encubrimiento.
Elegida como vicepresidenta en las elecciones de 2021, su llegada a la jefatura del Estado estuvo marcada por el fallido autogolpe de Estado de su predecesor, Pedro Castillo, al que siguió una ola de protestas cuya represión, que se saldó con 49 muertes a manos de la fuerza pública, supuso la apertura de la primera investigación en su contra.
El sinuoso camino de la Justicia en Perú debe, en todos los casos, seguir la senda de la denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado que cuentan con inmunidad. El Congreso debe dar luz verde a la Fiscalía para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada. Si no es así, las investigaciones deben cerrarse.
Acá un repaso de los casos abiertos contra la presidenta Boluarte que han generado escándalo en Perú.
La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ofrece declaraciones ayer, en el Palacio de Gobierno en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Muertes en las protestas
La primera investigación abierta a Boluarte fue por los delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023.
El Congreso no aceptó la primera denuncia de la entonces fiscal general, Patricia Benavides, por lo que tuvo que ser archivada.
Sin embargo, una segunda investigación de la Fiscalía, por el mismo caso y por los delitos de homicidio y lesiones, sigue avanzando y busca dilucidar si la mandataria tuvo responsabilidad en las muertes, es decir, si sus órdenes fueron causantes de los fallecimientos, algo que su defensa niega.
El ‘Rolexgate’, el escándalo más sonado de Boluarte en Perú
El caso más mediático se abrió a raíz de unos relojes de lujo y joyas que lució Boluarte y que no había declarado.
La investigación separó el caso en dos procesos, uno de ellos, relacionado con la recepción de esos objetos suntuosos, que ya derivó en una denuncia constitucional por cohecho que ha recibido una primera aprobación en un subcomité del Congreso y debe obtener luz verde definitiva en el pleno.
El segundo es el abierto por el delito de enriquecimiento ilícito, sobre el que la Justicia ha rechazado una petición de archivo por parte de la defensa de la gobernante, que consideraba que el plazo de investigación había concluido.
El supuesto encubrimiento de su antiguo líder
ARCHIVO – La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, saluda a la prensa al salir de su casa en Lima, Perú, el 8 de diciembre de 2022. (Foto AP/Martín Mejía, Archivo)
Probablemente el caso más enrevesado. Boluarte militó hasta 2022 en el partido Perú Libre, una agrupación vinculada al marxismo tradicional y con un líder omnipotente, formado en Cuba y aspirante al caudillismo castrista: Vladimir Cerrón.
El político ha sido condenado por un caso de corrupción de su época como gobernador regional y está prófugo de la Justicia desde hace más de un año. Los vínculos de Boluarte con su antiguo líder y la incapacidad policial para arrestarle han desatado todo tipo de especulaciones.
Estas se dispararon por la presencia de un vehículo oficial de la Presidencia en una zona en que la Policía buscaba a Cerrón. Ante la falta de respuestas de Boluarte, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por presunto encubrimiento, según dijo el abogado defensor de la mandataria.
Reuniones oscuras
En octubre pasado, Boluarte acudió inesperadamente a la Fiscalía para declarar sobre otra investigación por haber recibido a la entonces fiscal general Patricia Benavides, con el supuesto fin de archivar una denuncia en su contra a cambio de mantener al director de la Policía.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una fotografía de archivo. EFE/Lenin Nolly
La exfiscal fue cesada por interferir en una investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, y además es señalada por supuestamente liderar una presunta red de tráfico de influencias.
El Ministerio Público informó que investiga a la gobernante por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado por supuestamente aceptar de Benavides “la promesa de archivo” de la investigación por genocidio a cambio de no retirar del cargo al entonces comandante general de la Policía Nacional.
Abandono del cargo
El último escándalo abierto ha nacido de una cirugía en la nariz en 2023, cuyos efectos eran evidentes, que ni Boluarte ni su equipo han querido confirmar al considerar que se trata de su vida privada.
La cirugía, según los expertos, implicaba una anestesia general y un periodo de convalecencia. Durante los doce días siguientes a esa operación, no tuvo actividad pública y su equipo de comunicaciones difundió, a través de sus plataformas, fotografías antiguas.
Tras confirmar su ex primer ministro Alberto Otárola la cirugía, la Fiscalía abrió una nueva investigación por el presunto delito de abandono de cargo, al no comunicar el impedimento temporal para ejercer el cargo, durante el periodo en el que, supuestamente, tuvo su baja médica.
