El proyecto de Sheinbaum propone posibilitar que el denunciante de un hecho de corrupción pueda participar en el procedimiento penal cuando demuestre tener un interés legítimo. Así, tendrán carácter de víctimas los afectados por un mal ejercicio de recursos, por ejemplo, una comunidad que no pudo ejercer subsidios a los que tenía derecho porque estos fueron desviados por funcionarios corruptos. Otro ejemplo es el de la Operación Safiro, con la que el PRI y el Gobierno de Duarte desviaron 250 millones de pesos. Una vez que la Fiscalía de Enrique Peña Nieto tomó el caso, para cuidarse las espaldas, desbarató la acusación en los tribunales. El juez terminó dando carpetazo. Si los chihuahuenses hubiesen tenido representación en la causa, difícilmente se hubiese cerrado sin que se hubieran recuperado los recursos.
La iniciativa propone establecer una política de investigación y persecución uniforme en todo el país. Para ello se creará un catálogo único de delitos y penas, a fin de evitar la disparidad de criterios judiciales. También se formará un sistema nacional que guíe la colaboración entre los Estados y el Gobierno federal, que permita el intercambio de información, la coordinación institucional y el procesamiento de casos que rebasen las fronteras estatales y nacionales.
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La nueva ley busca adecuarse a la manera como opera el fenómeno de la corrupción en la realidad y tapar lagunas normativas. Por ello se tipificará la actuación en redes organizadas y la simulación de contrataciones públicas de particulares para desviar dinero público. Otra situación real que se pretende abordar es el hecho de que los sujetos implicados en casos de corrupción, incluso al cumplir penas en prisión, continúan beneficiándose del patrimonio obtenido ilícitamente.
La iniciativa instruirá la creación de Fiscalías y Tribunales Anticorrupción a nivel nacional y estatal. Serán órganos especializados y autónomos del Ejecutivo, operados por funcionarios con un perfil “altamente técnico y ético” y con criterios unificados. Habrá un servicio civil de carrera para capacitar a estos servidores públicos. También se buscará que las personas dedicadas a la investigación, persecución y sanción de la corrupción sean reconocidas como defensoras de los derechos humanos.
La propuesta pasa por crear un Sistema de Inteligencia Anticorrupción para recopilar y asociar información, dado que en algunas ocasiones los mismos sujetos involucrados en un caso de corrupción se vinculan con otro aparentemente separado. El proyecto adelanta que se incorporarán y regularán herramientas de investigación para perseguir eficazmente estos delitos, desde la intervención de medios de comunicación privada y acceso a información fiscal y bancaria hasta la vigilancia electrónica, seguimiento de personas y la entrega vigilada de recursos con agentes encubiertos. Se fomentará la denuncia de hechos de corrupción y se establecerán mecanismos de protección para denunciantes, testigos y colaboradores.
La estrategia anticorrupción también se centrará en la recuperación de los activos afectados, algo que normalmente no se consigue, por mucho que los implicados vayan a la cárcel. Ahora se buscará recuperar los recursos dentro del procedimiento penal y garantizar una reparación integral del daño causado por los responsables, incorporando la figura del daño social o daño moral colectivo.
La propuesta supone un relanzamiento de la lucha contra la corrupción como política de Estado. Durante el sexenio de Peña Nieto se instauró el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el que colaboraban transversalmente varias dependencias de la mano de observadores ciudadanos. Pese a ello, el de Peña Nieto fue uno de los gobiernos más corruptos. Andrés Manuel López Obrador dejó en el abandono el SNA, convencido de que la corrupción era incompatible con los ideales de su partido, Morena, de modo que los funcionarios de su Administración eran de algún modo inmunes. Aun así, estallaron los escándalos de Segalmex, el peor caso de corrupción de su Gobierno.
