El Gobierno de Perú declaró este martes al Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en emergencia por 24 meses debido al hacinamiento de los presos en las cárceles del país, que cuentan con una sobrepoblación del 136 %.
El Ejecutivo detalló en un decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, que dispone esta medida con el objetivo de elaborar una estrategia nacional “a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria del 2030 en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad”.
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“Se declara en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario por razones de déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad, por el período de veinticuatro meses”, precisó el decreto.
Fotografía de archivo de dos presos en el penal de Lurigancho en Lima (Perú). EFE / Geraldo Caso
Según este, hasta agosto de 2024, el Sistema Penitenciario Nacional albergaba a 98.127 personas presas en las 69 cárceles existentes en el país, a pesar de que las instalaciones tienen capacidad para 41.556 personas, lo que generó una sobrepoblación del 136 %.
“La situación crítica se agrava aún más debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. En 2023, solo el 50,2 % de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, agregó.
Una crisis estructural en el sistema carcelario
Foto: INPE
El Ejecutivo de Perú sostiene que el Sistema Nacional Penitenciario está “atravesando una aguda crisis” debido a que las cárceles tienen un grave problema de sobrepoblación y capacidad de albergue. Además, remarca que no cuentan con medios necesarios, como recursos humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios para velar por la salud y seguridad en los centros penitenciarios, “lo cual dificulta el proceso de resocialización del interno”.
El decreto supremo mencionó una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios”.
Esa sentencia requirió que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evaluara la necesidad de ampliar, modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para mejorar esta situación.
La declaratoria de emergencia se acordó el 5 de noviembre, durante una reunión del Consejo de Estado para disponer recursos dedicados a la infraestructura penitenciaria, a lograr la ampliación de los penales existentes, a la construcción de nuevas prisiones y a la reorganización del INPE.
