El abogado especial Jack Smith presentó este lunes mociones para retirar todos los cargos federales contra el presidente electo Donald Trump en relación con su mal manejo de documentos clasificados y su esfuerzo por anular las elecciones presidenciales de 2020 en el período previo al mortal ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
Horas más tarde, la jueza de distrito Tanya Chutkan aceptó la moción de Smith de desestimar la acusación relacionada con el 6 de enero, lo que pone fin formalmente al caso que alegaba que Trump conspiró ilegalmente para anular su derrota en 2020 ante el presidente Joe Biden.
Trump fue acusado por primera vez en junio de 2023 en una corte federal de Miami de 37 delitos graves relacionados con el manejo indebido de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a su casa de Florida. Los cargos incluían retención intencionada de información de defensa nacional, declaraciones falsas y conspiración para obstruir la justicia. Una jueza de Florida desestimó el caso, pero la oficina de Smith había solicitado una apelación.
El presidente electo Donald Trump el 19 de noviembre de 2024 en Brownsville, Texas. Getty Images
Trump también fue acusado por separado de cuatro delitos graves en agosto de 2023 por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos.
El caso quedó entonces en suspenso durante meses mientras el equipo de Trump argumentaba que el caso debía ser desestimado por múltiples razones, entre ellas que un expresidente no puede ser procesado por sus acciones en el cargo.
Trump ha afirmado que los procesamientos tenían motivaciones políticas. Nunca ha admitido públicamente que sus afirmaciones electorales fueran, de hecho, falsas, y se declaró inocente en ambos casos federales.
La acusación marcó un momento extraordinario en la historia de Estados Unidos: fue la primera acusación de que un presidente intentó aferrarse ilegalmente al poder.
La petición para que se desechen los cargos también marca un momento histórico. Cincuenta años después de que los legisladores de ambos partidos obligaran a Richard Nixon a renunciar a la presidencia en medio de acusaciones de conducta criminal, la mitad de los votantes estadounidenses volvieron a elegir a Trump como presidente a pesar de las acusaciones graves en su contra por conducta criminal en el cargo.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/Sarah Yenesel/Pool
La victoria electoral de Trump significa que la antigua postura del Departamento de Justicia de que un presidente en funciones no puede ser acusado de un delito será aplicada a Trump después de que asuma el cargo el 20 de enero.
En julio, la Corte Suprema le dio a Trump una victoria inicial en el caso con su fallo sobre la inmunidad presidencial. Pero un nuevo gran jurado federal acusó a Trump nuevamente por los mismos cuatro cargos en agosto, al alegar que las afirmaciones falsas de Trump sobre el fraude electoral masivo durante las elecciones de 2020 eran «infundadas, objetivamente irrazonables y siempre cambiantes» y que Trump «sabía que eran falsas». Públicamente, Trump nunca ha admitido que sus afirmaciones electorales fueran, de hecho, falsas, y se declaró no culpable en el caso.
En el caso de los documentos clasificados, los fiscales del Departamento de Justicia, al citar la directriz del departamento de que un presidente en funciones no puede ser procesado, dijeron que su posición es que “la Constitución exige que este caso sea desestimado antes de que el acusado tome posesión del cargo”.
“Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno o los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente”, escribieron los fiscales en la presentación judicial del lunes.
«La posición del Gobierno sobre el enjuiciamiento del acusado no ha cambiado. Pero sí lo han hecho las circunstancias», añadió el abogado especial.
La política del Departamento de Justicia, que fue adoptada durante el escándalo Watergate, indica que el Congreso tiene potestad para destituir a un presidente si comete delitos. Está concebida para que los presidentes en ejercicio puedan desempeñar sus funciones sin verse obstaculizados por causas judiciales.
Esa posición legal de la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ es la misma que ayudó a Trump a evitar ser acusado en relación con la investigación del abogado especial de Robert Mueller durante la primera presidencia de Trump. El equipo de Mueller decidió que no podían llegar a una conclusión sobre si creían que Trump había cometido un delito, ya que no podían acusar a un presidente en ejercicio.
Acusar a Trump “no era una opción que pudiéramos considerar”, explicó Mueller en 2019. Ahora, el mismo dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica impide que el caso de Smith siga adelante.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/Cristóbal Herrera
Tras la reelección de Trump, la oficina del fiscal especial quedó atrapada entre “dos intereses nacionales fundamentales y apremiantes”, escribió el equipo de Smith. “Por un lado, el requisito de la Constitución de que el presidente no debe ser indebidamente obstaculizado en el cumplimiento de sus responsabilidades de peso […] y por otro lado, el compromiso de la nación con el Estado de Derecho y el principio de larga data de que “ninguna persona en este país está en una posición tan alta que lo coloca por encima de la ley”.
Smith y su equipo planean dimitir antes de que Trump tome posesión de su cargo, según dijo una fuente a NBC News a principios de este mes. Las normas del fiscal especial exigen que Smith presente un informe al fiscal general explicando sus decisiones sobre la acusación antes de dimitir.
La ayuda clave de los jueces conservadores
Los jueces conservadores de la Corte Suprema otorgaron a Trump una victoria en el caso con su fallo sobre la inmunidad presidencial. Los magistrados tardaron primero meses en pronunciarse, lo que hizo imposible que la jueza federal de Washington que supervisaba el caso, Chutkan, pudiera celebrar un juicio antes de las elecciones.
En un fallo en julio, otorgaron al expresidente una nueva inmunidad judicial general, al considerar que todas las interacciones del entonces presidente con el fiscal general eran “absolutamente inmunes” a la acusación. En una opinión disidente, los jueces liberales argumentaron que el fallo otorgaba a los presidentes el poder de ordenar investigaciones penales federales de sus rivales sin consecuencias legales.
Dos semanas después, la jueza federal designada por Trump para supervisar el caso de los documentos clasificados, Aileen Cannon, desestimó todos los cargos contra Trump en los que se le acusaba de mal manejo de los documentos clasificados y de intentar obstruir la investigación.
En una decisión que los expertos jurídicos criticaron ampliamente y que Smith prometió apelar, Cannon consideró que Smith no había sido nombrado adecuadamente como asesor especial. El sorprendente fallo revocó décadas de decisiones anteriores de jueces liberales y conservadores.
En agosto, un nuevo gran jurado federal acusó a Trump de los mismos cuatro cargos en el caso electoral, al alegar que las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral masivo durante las elecciones de 2020 estaban “sin fundamento, [eran] objetivamente irrazonables y siempre cambiantes” y que Trump “sabía que eran falsas”. Pero la reelección de Trump acabó con la capacidad de Smith de seguir adelante con esas acusaciones.
El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado: “La decisión de hoy [lunes] del DOJ [Departamento de Justicia] pone fin a los casos federales inconstitucionales contra el presidente Trump, y es una gran victoria para el Estado de Derecho. El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieren un fin inmediato a la militarización política de nuestro sistema de justicia y esperamos unir a nuestro país”.
Muchos acusados del 6 de enero han dicho a los jueces que lamentan haber sido lo suficientemente “crédulos” como para caer en las falsedades de Trump, de las que se hicieron eco los aliados del presidente electo, los republicanos en el Congreso y los influencers conservadores en las redes sociales.
El Departamento de Justicia está centrado en detener a asaltantes al Capitolio “más atroces” antes de que Trump vuelva a la presidencia. El presidente electo ha dicho que indultará a una parte indeterminada de ellos, a los que ha llamado “guerreros”, “patriotas increíbles”, presos políticos y “rehenes”.
Se espera que Trump camine por el túnel oeste inferior del Capitolio, donde se produjeron algunos de los peores actos de violencia del 6 de enero, para jurar como presidente el 20 de enero de 2025.
