El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, El Salvador, envió este lunes a juicio a 11 acusados de la autoría intelectual de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos salvadoreñas en 1989, incluido el expresidente Alfredo Cristiani, entre 1989 y 1994.
El abogado defensor Gabriel Solorzano dijo a periodistas, tras finalizar la audiencia preliminar que comenzó la pasada semana, que el juzgado ordenó el avance a juicio por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.
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Solorzano, que defiende a tres militares retirados en este caso, añadió que también se ordenó la detención de cinco imputados ausentes.
El militar retirado y ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios (d) asiste a una audiencia preliminar este lunes en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
Los acusados de la masacre de los jesuitas en El Salvador
Se trata de Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y los militares retirados Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda. Mientras para los cinco imputados que se presentaron a la audiencia mantuvo la libertad condicional.
“Nosotros respetamos el criterio del señor juez, no la compartimos (la resolución)”, dijo el abogado y sostuvo que en su opinión no se presentaban las condiciones técnicas ni procesales para seguir el proceso a la etapa de sentencia.
Los militares procesados son Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Los religiosos y las dos mujeres fueron asesinados por un comando de élite del Ejército de El Salvador en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil de El Salvador.
Solo un encarcelado por el crimen contra jesuitas
Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.
Montano cumple actualmente esta pena en España.
El militar retirado Camilo Hernández asiste a una audiencia el centro judicial ‘Isidro Menéndez’, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió en 2017 la reapertura del proceso a petición de la Universidad Centroamericana (UCA).
Sin embargo, varios recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación y en 2020 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema cerró el caso.
Caso reabierto
Un nuevo fallo de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrir nuevamente la causa penal en 2022.
Las víctimas fueron los españoles jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.
El militar retirado y ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios (d) asiste a una audiencia en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
Los llamados “Mártires de la UCA” son recordados por su lucha por los sectores más desfavorecidos y los derechos humanos en el contexto de la guerra civil de El Salvador, entre 1980 y 1992), que finalmente se saldó con 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos.
El militar retirado y ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios (i) asiste a una audiencia preliminar este lunes en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
Otras investigaciones contra Cristiani
Cristiani, además de esta acusación penal, es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión. La Fiscalía comenzó el jueves un proceso de extinción del dominio, en favor del Estado, de todos sus bienes en El Salvador. El exmandatario, quien según la Fiscalía está fuera del país, no se ha pronunciado sobre ese proceso y CNN tampoco ha podido contactarlo para tener sus comentarios.
En junio de 2021 fue interpelado por una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar la entrega de sobresueldos a exfuncionarios con fondos provenientes de Casa Presidencial en gobiernos anteriores.
Cristiani explicó a los legisladores que los fondos no eran para uso personal, sino para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), para la administración de Casa Presidencial y para financiar las gestiones realizadas por la comitiva gubernamental en el proceso de los Acuerdos de Paz, que en enero de 1992 pusieron fin a 12 años de guerra civil.
