Donald Trump confirma que planea declarar emergencia nacional para deportaciones masivas. Presidente electo señaló que se valdría de ley del año 1798.
El presidente electo, el republicano Donald Trump, confirmó que planea declarar la emergencia nacional y usar al ejército para ejecutar su plan de deportaciones masivas.
En una breve publicación en su red social, Truth Social, Trump calificó de “cierto” el reporte de un activista conservador, que había asegurado conocer de primera mano los planes de la Administración entrante en materia de inmigración.
“Cierto”, respondió Trump a una publicación de Tom Fitton, presidente del grupo conservador Judicial Watch, en la que el activista aseguró: “BUENAS NOTICIAS: se reporta que la Administración entrante de @RealDonaldTrump está preparada para declarar la emergencia nacional, y usará recursos militares para revertir la invasión [de inmigrantes] bajo Biden, a través de un programa masivo de deportaciones”.
La promesa de deportaciones masivas fue una de las piezas clave de la campaña presidencial de Trump. Aunque el republicano no ha detallado cómo las llevaría a cabo, sí aseguró que deportaría a más inmigrantes que “cualquiera de sus predecesores”.
A mediados de octubre, Trump dijo que para ello se valdría de la ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, que se ha usado solo en tiempos de guerra y permite expulsar de Estados Unidos a personas foráneas, sin el debido proceso legal.
La ley se puede invocar en casos de “guerra declarada”, invasión o “incursión predatoria” en territorio estadounidense. Estados Unidos no ha declarado formalmente la guerra a ninguna nación desde 1942. Pero Trump podría activarla sin contar con el Congreso.
¿Qué implica declarar la emergencia nacional?
Múltiples Administraciones presidenciales han utilizado al ejército estadounidense en el control fronterizo, pero la ley impide estrictamente que el presidente utilice al ejército como fuerza policial nacional, según el Centro Brennan para la Justicia.
Trump ha declarado antes la emergencia nacional para ejecutar sus planes antiinmigrantes. Durante su primera Administración, invocó la Ley de Emergencias Nacionales para justificar el desvío de miles de millones de dólares en fondos de construcción militar para levantar una valla de acero de 30 pies a lo largo de algunas partes de la frontera entre Estados Unidos y México.
La medida generó una intensa litigación legal por parte de organizaciones de derechos civiles.
Se considera una emergencia nacional a “un conjunto repentino e imprevisto de circunstancias que suponen un peligro para la nación hasta el punto de requerir una acción rápida para evitar el desastre”, de acuerdo con el Congressional Research Center.
“La adopción de esta definición y la cuestión de si la situación en la frontera sur cumple estos criterios son objeto de debate y podrían no ser fáciles de resolver por un tribunal”, señaló el organismo en ese momento.
Economistas han advertido que las deportaciones masivas podrían costar a los contribuyentes estadounidenses hasta un billón de dólares. Y no solo eso: podrían disparar los precios de bienes y servicios, desde los alimentos hasta la vivienda.
“Es un costo alucinante en términos de pérdida de ingresos, pérdida de producción y habrá un coste logístico para llevar esto a cabo”, explicó a la agencia de noticias The Associated Press Giovanni Peri, economista laboral de la Universidad de California en Davis.
La mano de obra de personas indocumentadas representa alrededor del 4% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, por lo que Peri estimó que una deportación masiva supondría al país una pérdida de por lo menos un billón de dólares.
¿Qué inmigrantes serán prioridad?
Se estima que unas 11 millones de personas viven en estatus irregular en el país. Trump ha prometido que su plan impactaría a entre 15 y 20 millones de indocumentados.
Alrededor de 1.5 millones de trabajadores indocumentados son empleados en la construcción, es decir el 13% de su mano de obra total, según datos del Pew Research Center.
“Empecemos por un millón… Y a partir de ahí podemos seguir”, dijo el vicepresidente electo, JD Vance, a mediados de agosto. “Creo que si se deporta a muchos criminales violentos y, francamente, si se dificulta la contratación de mano de obra ilegal, lo que reduce los salarios de los trabajadores estadounidenses, se avanza mucho en la solución del problema de la inmigración ilegal”, agregó.
El exdirector de ICE Tom Homan, a quien Trump nominó este mes para ser su “zar de la frontera”, puntualizó recientemente: “El presidente Trump ha sido claro; las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional serán la prioridad porque tienen que serlo. Representan el mayor peligro para este país”.
Homan añadió que las deportaciones empezarían con aquellos inmigrantes con una orden de deportación emitida por parte de un juez de inmigración: “Vamos a dar prioridad a esos grupos, los que ya tienen órdenes finales, los que tuvieron el debido proceso a un gran costo para los contribuyentes, y el juez federal dice que deben irse a casa. Y no lo hicieron. Se convirtieron en fugitivos”.
En la recta final de su campaña presidencial, Trump también anunció la ‘Operación Aurora’, luego de que en un pueblo homónimo de Colorado se reportara la presencia de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
La operación, comentó, designará “escuadrones de élite de agentes de la policía federal, de la patrulla fronteriza y de agentes de la ley para perseguir, arrestar y deportar a todos los miembros de bandas de inmigrantes ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país”.
Trump también ha abogado por aplicar la pena de muerte a cualquier inmigrante que asesine a un ciudadano estadounidense o a un policía.
Sobre los retos logísticos de su plan de deportaciones masivas, Trump señaló lo siguiente: “No es una cuestión de costo. Realmente, no tenemos otra opción. Hay gente que ha matado y asesinado, capos de la droga que han destruido países, y ahora van a regresar a esos países, porque aquí no se quedan”.
