El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, allanó este domingo la residencia del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, quien dejó el cargo esta semana.
La Fiscalía informó que realizó un allanamiento en una zona residencial de la Ciudad de Guatemala y varios diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, confirmaron que se trata de la vivienda de Alvarado, uno de los miembros más importantes de la agrupación política.
El Ministerio Público detalló en sus canales de comunicación oficiales que el caso es por el delito de lavado de dinero y se encuentra bajo reserva, una medida judicial que brinda acceso al caso solo a las partes involucradas, por lo que no se conocen más detalles al respecto.
«Lo que quieren hacer con Félix Alvarado ya es una declaratoria abierta y directa de confrontación del Ministerio Público. Quieren quitarle el pasaporte y cualquier otra ilegalidad», aseguró el diputado del Movimiento Semilla Samuel Pérez Álvarez.
«Ya basta de medias tintas, es momento de actuar con contundencia», añadió.
La residencia de Alvarado se encuentra en el sur de la Ciudad de Guatemala, donde más de media docena de patrullas arribaron al lugar para llevar a cabo el allanamiento, aunque por el momento no hay orden de captura confirmada.
Alvarado dejó su cargo esta semana tras tomar el puesto en mayo, en uno de los ministerios más complicados del Gabinete, el de Comunicaciones.
El ahora exministro dijo que dejaba su cargo tras no llegar a acuerdos con Arévalo de León con respecto al camino que debía tomar la institución.
Según afirmaron analistas durante el último semestre, la llegada de Alvarado representó el cierre de un foco de corrupción históricamente exprimido por políticos que reciben sobornos de constructoras en el país centroamericano.
El allanamiento de este domingo se suma a más de una docena de procedimientos judiciales que el Ministerio Público ha iniciado desde 2023 en contra del partido Movimiento Semilla y sus miembros tras ganar las elecciones de dicho año.
Dichos procedimientos han sido catalogados por el partido y la comunidad internacional como ataques a la democracia e incluyen la detención de la exdiputada Ligia Hernández, quien estuvo más de 90 días en prisión este año.
La cúpula de la Fiscalía, bajo el mando de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años bajo acusaciones de corrupción y de atacar a la democracia por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
