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Enfrentamiento entre Evo Morales y presidente Luis Arce mantiene en vilo al país. Morales busca derrocar a actual mandatario. Se registran bloqueos, protestas, rehenes y falta de combustible y alimentos.
Evo Morales y Luis Arce están enfrentados por el control no sólo del Movimiento al Socialismo (MAS), su partido, sino por el control territorial y político de Bolivia.
En 2019, arrinconado por un violento y prolongado conflicto social, falta de apoyo político, sindical y militar tras cometer un escandaloso fraude electoral para mantenerse en el poder, Morales renunció a la presidencia y abandonó el país con destino a México. Horas antes había intentado una última maniobra desesperada: repetir los comicios. Pero ya no tenía margen ni respaldo interno para hacerlo.
Era el 10 de noviembre de 2019 cuando selló su dimisión y encaró su exilio. Al llegar a tierra mexicana -aún abrumado por los acontecimientos- comenzó a diseñar un relato que lo victimizara: no hubo renuncia como consecuencia de una completa crisis, sino que todo se trató de un golpe de Estado. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente anfitrión, rubricó esa contextualización. Lo siguieron otros. Cinco años después de esa renuncia, Evo busca repetir la historia, pero para expulsar a su ex delfín Luis Arce de la presidencia boliviana.
Hace por lo menos tres años, ambas facciones comenzaron a acusarse recíprocamente de ser parte de una estructura narco. Lo hacían ellos mismos o por medio de voceros que denunciaban, por ejemplo, una explosión de pistas aeronáuticas clandestinas con la autorización gubernamental o, del otro lado, el dominio del comercio de cocaína con el control del jefe indígena.
Para reforzar esas versiones, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo en una de sus últimas declaraciones en la ruta del Trópico de Cochabamba que Evo Morales no quiso detenerse en un control antidrogas que se interpuso en su camino. Allí, dijo el funcionario, los custodios del ex presidente comenzaron a disparar, lo que provocó la respuesta de las autoridades. El jefe cocalero denunciaría después de la balacera que “mercenarios” de Arce lo habían emboscado para asesinarlo.
Del Castillo ya había hecho referencia -una vez más- a los presuntos nexos narcos de Morales en septiembre pasado. Fue cuando dijo que el ex presidente usaba un vehículo de una mujer condenada por tráfico de drogas.
No es lo único que pesa sobre el ex presidente, aunque no hay aún una causa abierta. Luego de su marcha de 187 kilómetros de septiembre a La Paz para cercar al gobierno y pedir el adelantamiento de las elecciones, Morales comenzó a recibir notificaciones de la justicia. Cuatro en total. La más notoria es por la cual podrían detenerlo y la que motivó las actuales barricadas: estupro y trata de personas. Las otras tres son por instigación pública a delinquir, daños a la infraestructura caminera y el uso de un vehículo propiedad de un narcotraficante.
Los bloqueos de carreteras comenzaron el pasado 14 de octubre. Sumaron 20 en total. La mayoría de ellos se establecieron -por orden de Evo Morales- en Cochabamba, centro del país y desde donde se conectan las otras grandes ciudades: La Paz y Santa Cruz. La elección de este punto fue estratégica y buscó hacer el daño que está provocando a una economía con inflación. También ordenó la toma de tres regimientos en esa misma ciudad, en el cual capturaron de rehenes a más de 200 militares y civiles.
Con el aislamiento de Cochabamba, el ex presidente consiguió el desabastecimiento de combustible y alimentos para las grandes urbes. Esta medida de fuerza ha costado al país millones de dólares y llevó a que, tras pedidos de los sectores ganadero, agricultor y comerciante, el Ejecutivo ordenara una serie de operativos para desbloquear las vías.
En este contexto, Evo pidió la dimisión de todos los funcionarios del gobierno. “Hacemos un llamado a funcionarios jerárquicos, directores, viceministros, ministros y embajadores, a que no sean cómplices del peor gobierno de la historia. Su renuncia será una señal clara en favor del pueblo”, escribió en su cuenta de X. Después, comparó a Arce con Jeanine Áñez, la ex presidenta interina, presa y bajo juicio por la causa “Golpe Estado I”.
Fue en una Carta Pública dirigida a Arce donde lo responsabilizó por la violencia en las barricadas: “¿Alguna vez imaginó que llegaría a este punto? ¿Que autorizaría la misma intervención policial y militar que autorizó Jeanine Áñez? ¿O que mancharía sus manos con la sangre de los indios, los pobres y los campesinos que prometió defender?”.
Luego de la toma de los regimientos, Evo pidió disolver esos piquetes. Puso una condición: que el gobierno de Arce retire a las fuerzas de seguridad. “No queremos el derramamiento de sangre”, dijo. Sus seguidores, sin embargo, amenazaron con mantener los bloqueos. El líder cocalero también exigió la creación de una mesa de “diálogo” y para forzar el cumplimiento de sus demandas anunció una huelga de hambre para, también, desactivar las protestas de sus partidarios.
No obstante, grupos no muy numerosos de partidarios del exlíder de 65 años hacen vigilia en “los puntos de bloqueo” y cobran para permitir el paso de coches y gente. La carretera que va de Cochabamba a la región tropical cocalera está plagada de escombros, llantas y árboles cortados por los manifestantes. La gente que se anima a cruzar debe hacerlo en auto, encima de una moto, caminar otras veces por montañas bajo la niebla para llegar a la región selvática del centro de Bolivia.
Morales, además, amenazó con un levantamiento popular indígena y un “amotinamiento” militar si es detenido por estupro, trata o alguno de los delitos por los cuales se lo acusa.
El presidente boliviano Luis Arce señaló lo siguiente: “La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria, una afrenta a la Constitución Política del Estado, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano, que rechaza de manera contundente los bloqueos criminales de Evo Morales, así como estas acciones delincuenciales”.
“Como gobierno democráticamente electo, en el marco de nuestras facultades constitucionales y con el apoyo del pueblo, continuaremos llevando adelante acciones orientadas a restablecer el orden público precautelando la vida de las bolivianas y bolivianos, la paz social, así como el derecho del pueblo al libre tránsito, al trabajo, al acceso a combustible, alimentos y medicamentos”, remarcó Arce.
“Mi lucha es para mejorar la situación del país y para iniciar un diálogo sin condiciones (con el gobierno) en dos mesas: una económica y otra política”, dijo Morales a periodistas de la Associated Press desde su bastión cocalero del Chapare.
A poco más de 10 meses de las elecciones presidenciales, el contexto actual podría acrecentar los enfrentamientos sociales, la división política, el estancamiento y sumir al país en un clima de caos, que tendría no solo graves costos para sus habitantes, sino también eventuales efectos regionales.
DETENIDOS
En medio de la huelga de hambre, Morales lamentó que el gobierno haya desestimado su propuesta de abrir un diálogo para poner fin a casi un mes de protestas. «(Pedí) diálogo inmediato y que se instalen dos mesas de diálogo (…). Y la respuesta del gobierno más bien ha sido detener» a más de 50 manifestantes, dijo a la AFP.
La policía consiguió desactivar un bloqueo en Parotani, un sector clave en la vía que une Cochabamba con La Paz. La jornada se saldó con 19 policías heridos y 66 civiles detenidos. Al menos 55 arrestados fueron llevados a La Paz para ser investigados por terrorismo, alzamiento armado, tráfico de armas, entre otros presuntos delitos.
«Esta gente reacciona. (Va a haber) más reacción. Es una total persecución», comentó Morales. Ponciano Santos, uno de los principales organizadores de la protesta, advirtió que no se daría ninguna tregua. «Nos han declarado la guerra, por aire y por tierra», señaló.
Asimismo, Morales acusó que Arce, y el “gobierno sionista” del mandatario argentino, Javier Milei, habrían organizado un “Plan Cóndor” en su contra, responsabilizándolos de la crisis política reinante en el país. La denominación “Plan Cóndor” hace referencia a la campaña de represión política orquestada por Estados Unidos para colocar dictaduras en el poder durante la Latinoamérica de los años 70.
En ese contexto, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Morales denunció concretamente el uso del “lawfare”, la instrumentalización del Poder Judicial con fines políticos, dentro de una campaña de mentiras que persiguen su “eliminación”.
PREOCUPACIÓN DE LA CIDH Y ONU
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a proteger las vidas de los militares retenidos y a priorizar el diálogo para resolver el conflicto, mientras la violencia persiste en el país.
Por su parte, la ONU hizo eco del llamado a la calma, exigiendo a los actores políticos que resuelvan sus diferencias pacíficamente y respeten los derechos humanos.
ESCASEZ DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS
Los bloqueos de caminos por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales en el centro del país agudizan la escasez de combustible y alimentos que Bolivia está atravesando. Los propietarios de vehículos lamentaron que, debido a dicha escasez, ahora se aplique el racionamiento del mismo, lo que refleja que la situación se agrava a pesar de los anuncios de normalidad en el abastecimiento.
Las estaciones de servicio no logran revertir las filas y la situación provoca malestar en la población, pues las autoridades del sector hidrocarburos no logran cubrir la demanda de carburantes en el mercado nacional.
Asimismo se registran protestas por el alza en precios de alimentos de la canasta básica por la inflación que vive el país. “No tengo comida y no tengo trabajo”, mencionó una mujer que formaba parte de la manifestación que recorrió una de las principales vías de El Alto, urbe vecina de La Paz, que en gran medida depende del comercio informal. Sus letreros tenían inscripciones que cuestionaban la gestión del Gobierno para atender los problemas económicos de la población. Además, comerciantes de carne de res, pollo y cerdo recientemente protestaron por el incremento del kilogramo de estos productos que pasó de 23 bolivianos (3,3 dólares) a 34 bolivianos (casi 5 dólares) y que provocó la merma de sus ventas.
El incremento también se siente en el precio del transporte urbano.
En septiembre, Bolivia registró una inflación acumulada de 5,5 %, la más alta en una década, que el Gobierno consideró fue por el contrabando a la inversa o salida ilegal de alimentos a los mercados de los países vecinos en los que tienen un valor mayor.
Para mantener los precios en el mercado interno, el Gobierno estableció el arancel cero para productos como la harina de trigo, los artículos de limpieza y aseo personal así como del arroz. Algunos expertos y dirigentes sociales coinciden en que el incremento de precios se debe a la falta de dólares que persiste desde 2023 junto a la irregular provisión de combustibles.
