La política de esterilizaciones forzadas en Perú durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), de la que fueron víctimas más de 300.000 mujeres, fue una forma de violencia dirigida “particularmente contra mujeres indígenas, rurales y desfavorecidas” que podría ser considerado delito de lesa humanidad, dictaminó este miércoles un comité de expertos de la ONU.
“La esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad según el estatuto de Roma”, señaló el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que expresó su preocupación por la ley promulgada por Perú que impide la persecución de este tipo de crímenes graves si se cometieron antes de 2002.
La conclusión del grupo de 23 expertos (22 mujeres y un hombre) la adoptaron tras revisar una denuncia presentada por cinco víctimas esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997, como parte de las políticas de natalidad desarrolladas por el Gobierno peruano, de las que también fueron víctimas 25.000 hombres.
Esterilizaciones en Perú sin consentimiento de las víctimas
“Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado”, afirmó la miembro del comité Leticia Bonifaz.
Agregó que los procedimientos los realizaron sin el consentimiento de las víctimas, algunas de ellas incapaces de comprender del todo la naturaleza de las operaciones..
El comité subrayó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas, por lo que hizo un llamado urgente al Estado para que acelere u amplié sus pesquisas, proporcionando compensación financiera y apoyo psicológico.
Fotografía de archivo del expresidente peruano Alberto Fujimori. EFE/Attila Kisbenedek
Testimonios de las afectadas
La decisión del comité recogió testimonios como el de una víctima del departamento de Huánuco, en el centro norte del país, a quien detuvieron en la calle por practicantes médicos en 1996, posteriormente sedada y al despertar se le dijo que estaba “curada” porque ya no podría tener hijos.
Inmediatamente después de la intervención tuvo que regresar andando durante dos horas a su casa, sin ningún cuidado postoperatorio, y la abandonó su esposo cuando descubrió que la esterilización, señaló el documento, poniendo este caso como ejemplo de las consecuencias graves en la salud física y mental que tuvieron esas campañas.
El caso se presentó en 2020 ante el comité de Naciones Unidas, encargado por velar por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificado por Perú en 2001.
Campaña violenta contra las mujeres
Aunque también hubo hombres víctimas de las esterilizaciones, el comité interpretó que esa campaña fue especialmente violenta con las mujeres, por la diferente naturaleza de las intervenciones y los riesgos quirúrgicos asociados.
“Fueron parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales de origen campesino o indígena, y la política resultó en la anulación y sustitución de su autonomía reproductiva”, denunció Bonifaz.
