Sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y organizaciones de derechos humanos presentaron este martes (29.10.2024) al Congreso de El Salvador un anteproyecto de ley de justicia transicional para que se genere un marco legal que garantice reparaciones integrales para las personas afectadas por el conflicto armado.
Esta es la tercera vez que se presenta la iniciativa ante el Parlamento, dado que en 2021 la primera legislatura dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), la archivó y una segunda presentación no fue discutida durante los tres años de su período.
Esta tercera entrega, bajo una nueva legislatura nuevamente dominada por NI, tuvo el respaldo de la diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición VAMOS, y se basa en la «justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición y memoria histórica, bajo los estándares nacionales e internacionales», según explicaron en un comunicado.
Este anteproyecto busca -de acuerdo con sus impulsores- cumplir con lo mandado en una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló en 2016 la Ley de Amnistía de 1993, de establecer una ley que facilite el acceso a la justicia y cree programas de reparación para las víctimas.
La propuesta fue presentada por la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica. «Exigimos a la Asamblea Legislativa cumpla con el mandato» sobre «la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional, que sea de beneficio para las víctimas del conflicto armado, siendo ellas el centro de todo el proceso, evitando la invisibilización y la revictimización», señalaron.
También, pidieron que, durante el proceso de análisis, «se abra un diálogo amplio con víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas reconocidos». Indicaron que esperan que esto «culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes».
Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertes y 8.000 personas desaparecidas.
La ley de amnistía frenó por décadas los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra civil, principalmente por el Ejército salvadoreño, y su anulación permitió la reapertura de casos, como la masacre de al menos 1.000 personas en la remota localidad de El Mozote.
