El gobierno colombiano alcanzó el viernes un acuerdo con mineros que bloquearon vías de comunicación para protestar contra medidas de regulación de la minería informal, y continuó dialogando con campesinos opuestos al establecimiento de un límite a las actividades agrícolas en los páramos.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, detalló en la red social X que el acuerdo con los mineros informales incluye mecanismos para buscar su formalización, el fomento de prácticas sostenibles y la recuperación ecológica del territorio, en donde los ríos se han afectado y hay contaminación por mercurio.
Se trata de reclamos que se han acumulado durante años y que surgen de nuevo en un momento en que Colombia es anfitrión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP16), en donde se discute cómo revertir la pérdida de la biodiversidad.
Los mineros efectuaron sus protestas en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas y Risaralda, en rechazo a un decreto que faculta al gobierno para reservar áreas en las que la minería está prohibida, y otro que habilita que las fuerzas militares puedan destruir la maquinaria amarilla usada en la minería ilegal.
“Desde el gobierno nacional hemos aclarado que el proceso de formalización implica el reconocimiento de (que) quien se está formalizando tiene una maquinaria asociada a la operación… Aclaramos que no hay una criminalización a la pequeña minería”, dijo Camacho a la prensa el viernes.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha agudizado la lucha contra la minería ilegal, destruyendo dragas y maquinaria amarilla que provocan daños en los ríos y contaminación por mercurio, y al mismo tiempo ha prometido una ruta de formalización para los pequeños mineros informales.
“Hay toda la disposición del gobierno para garantizar que las decisiones para proteger los páramos, nuestra biodiversidad y el medio ambiente no signifiquen de ninguna manera afectar el derecho al trabajo y al sustento digno de familias campesinas y de pequeños mineros”, declaró horas antes a la prensa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
En paralelo continuaron las reuniones en busca de acuerdos con campesinos en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Boyacá, que por miles se han volcado a las carreteras para rechazar la ley de páramos, expedida en 2018 y en la que se ordena su delimitación, porque consideran que no se sometió lo suficiente a un escrutinio social, así como contra la frontera agrícola que el gobierno actualizó en agosto y que delimita dónde se pueden realizar actividades agropecuarias.
“La frontera de páramos prácticamente es un desalojo al campesino”, dijo a The Associated Press Germán Salamanca, líder de agricultores en Mutiscua, Norte de Santander. “Aquí el 100% de la economía es agrícola, y mirando los mapas (de la frontera agrícola) sólo podría haber ganadería y lechería en menos de tres veredas y papa en ninguna. Por eso la gente se manifiesta, porque es el sustento diario, la seguridad alimentaria y la propiedad de la tierra”.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, indicó el viernes a la prensa que buscan soluciones con los campesinos, y que ya existen decisiones judiciales que han ordenado volver a delimitar de manera participativa los páramos, ecosistemas vitales para la regulación del ciclo hídrico. Además, aseguró que el gobierno sí reconoce la posibilidad de realizar actividades agropecuarias de bajo impacto en el interior de los páramos.
Los bloqueos en vías de seis departamentos han tenido un impacto en el abastecimiento y la distribución de mercancía.
“Estamos presentando un problema enorme y es que los productos perecederos como alimentos se pueden estar perdiendo por cuenta de estos bloqueos”, advirtió a la AP Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga.
En departamentos como Boyacá, en el centro del país, las autoridades locales calculan que se han represado cerca de 400.000 litros de leche y 400 toneladas de alimentos que no están llegando a los mercados.
Cuervo calculó que a causa de los bloqueos se perderían diariamente en el país hasta 2.000 millones de pesos (461.800 dólares) debido a los fletes.
