Un expolicía fue procesado con prisión en Uruguay por el asesinato, durante la dictadura (1973-1985), de la esposa de un importante político opositor, cometido con vino envenenado, según documentos judiciales divulgados el sábado (19.10.2024).
Juan Ricardo Zabala, de 74 años, fue procesado «en calidad de presunto coautor» de «un delito de homicidio», de acuerdo con el fallo de la jueza Silvia Urioste fechado el 18 de octubre. Las huellas dactilares de Zabala fueron encontradas en la botella de vino envenenado que el 5 de septiembre de 1978 le causó la muerte a Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional (PN) Mario Heber, hoy fallecido. Fontana era la madre del exministro del Interior y actual senador oficialista Luis Alberto Heber.
«A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo justicia. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso», escribió el sábado en la red social X (antes Twitter) Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber.
La botella de vino que provocó la muerte de Fontana era una de las tres que aparecieron en agosto de 1978. Iban dirigidas a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien luego fue presidente de Uruguay (1990-1995) y es padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou; a Heber y a Carlos Julio Pereyra, otro histórico dirigente del PN ya fallecido, pero sólo Fontana bebió el vino adulterado con un insecticida.
El largo camino de Cecilia Fontana a la justicia
La muerte de Fontana motivó inicialmente una investigación plagada de irregularidades que no tuvo resolución judicial. Con el regreso a la democracia en 1985, una comisión del Senado volvió a indagar lo ocurrido, pero la causa finalmente se archivó en 1988. Se reabrió en 2006 a instancias de Pereyra, pero volvió a cerrarse en 2017 por falta de pruebas concluyentes.
El acceso a nuevas técnicas periciales y a documentos desclasificados por Estados Unidos, entre otros datos, llevaron a Luis Alberto Heber a solicitar la reapertura del caso en 2020. El pedido y la nueva información impulsaron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a pedir el procesamiento de Zabala a fines del 2023.
El fiscal le acusó de integrar un grupo de sectores de las llamadas Fuerzas Conjuntas, que coordinaban a militares y policías, «estrechamente comprometidos» con violaciones a los derechos humanos y con «razones serias» para atentar contra quienes promovían un cambio político.
Según Perciballe, «no cabe lugar a dudas» de que detrás de este atentado estuvieron también los militares Amaury Prantl y José Gavazzo, así como los policías Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, todos represores de la dictadura ya fallecidos, quienes ocupaban mandos en los servicios de inteligencia.
