Ecologistas de una zona de Honduras donde fue asesinado el ambientalista Juan López pidieron este jueves (17.10.2024) protección del Estado, al tiempo que exigieron la clausura de una mina a cielo abierto en el país centroamericano.
Reclamaron «la demolición de las obras construidas por [la minera] Pinares/Ekotec en la zona protegida para proceder a la restauración del equilibrio ecológico», según un comunicado del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos, una organización ambientalista del municipio de Tocoa, situado a 220 km al noreste de Tegucigalpa. Dicho Comité también demandó «la debida protección por parte del Estado de Honduras» para las personas ambientalistas.
Unos 30 integrantes del Comité llegaron este jueves a Tegucigalpa para asistir a la audiencia inicial de un juicio contra los directivos de la minera, que fue cancelada. El 24 de septiembre, la Fiscalía acusó a 13 ejecutivos de la mina por supuestos «delitos ambientales».
La abogada Rita Romero, de la organización ambientalista, dijo a la agencia AFP que las autoridades tienen que «derribar toda la infraestructura construida en esa zona protegida» por la minera. Por su parte, el vocero de la Fiscalía, Yuri Mora, explicó a la AFP que la clausura de la mina requiere «un proceso judicial», pero agregó que la producción «está detenida». Sin embargo, y según el Comité, la empresa tiene maquinaria, incluida una trituradora de rocas con óxido de hierro que extrae de la mina y está instalando una generadora termoeléctrica.
El caso tras la muerte de Juan López
López -quien impulsaba una campaña contra dicha mina- fue asesinado a tiros el 14 de septiembre en Tocoa, en un hecho condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por el papa Francisco. Por ello, el Comité exigió también que la Fiscalía «continúe la investigación y persecución» de los asesinos de López, incluidos «los autores intelectuales». Tres supuestos autores materiales del crimen están detenidos desde inicios de octubre.
El activista y concejal Leonel George indicó que los líderes de las comunidades cercanas están atemorizados y necesitan protección. «Hay amenazas constantes, vehículos sin placa y tipos en motocicletas que nos han dado seguimiento» y «hay hostigamiento», aseguró George a la AFP.
El crimen de López evocó el caso de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en Honduras, uno de los países más letales para personas defensoras del medioambiente, según la ONG Global Witness.
