Una corte penal de El Salvador escuchó este martes los alegatos finales en el juicio que enfrentan cinco líderes comunitarios y ambientales, y otras tres personas, acusados de asesinar a una mujer en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992) en 1989, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El Ministerio Público indicó en sus redes sociales que «presentó suficientes y contundentes evidencias que demuestran la culpabilidad de los imputados», cuyo fallo se conocerá el 18 de octubre.
Por su parte, el abogado de los líderes comunales, Pedro Cruz, dijo a periodistas que han pedido la absolución por la falta de pruebas.
«Los hechos consideramos que son de dudosa existencia», dijo el letrado tras el cierre de la audiencia en la localidad de Sensuntepeque, del departamento de Cabañas (norte).
Sostuvo que «sobre los hechos no tenemos información básica, como por ejemplo, el cuerpo de la persona fallecida».
«La única salida, si esto es jurídico, es la absolución. Si no es jurídico, podemos esperar cualquier cosa», agregó el abogado defensor.
Los procesados pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus habitantes contra la minería metálica y que fue repoblada por excombatientes de la insurgencia y exiliados tras el fin del conflicto.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Además, son juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.
Según la Fiscalía, todos los procesados son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto del año 1989.
La comunidad de Santa Marta ha dicho que este caso muestra el uso del sistema judicial «para perseguir el activismo ambiental».
En una carta abierta, sus habitantes afirman que la detención de los ambientalistas se dio «luego de denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición» de la minería, prohibida en el país desde 2017.
Diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales han catalogado este caso como «político» contra líderes comunitarios y ambientalistas por su lucha activa contra la minería metálica en el país centroamericano, la cual está prohibida.
