Los sindicatos de transportistas de Perú han convocado una nueva huelga general para el 23 de octubre, después de que el Gobierno no haya accedido a responder a sus demandas, entre las cuales está perseguir la delincuencia y reforzar la seguridad, después del paro de 48 horas de la semana pasada.
Las organizaciones de trabajadores han lamentado que a pesar del «contundente paro nacional» de la semana pasada, el Congreso se han negado a derogar la ley sobre crimen organizado, la cual considera que beneficia precisamente a estos grupos de delincuentes y persigue la protesta social.
«Se han puesto de espaldas al clamor nacional a favor de la vida y de quienes siguen extorsionados», han lamentado los sindicatos en un comunicado en el que acusan a los ministerios del Interior y de Transportes, así como a la empresa pública del transporte en Lima (ATU) de buscar dividir a los trabajadores.
La Asociación Nacional de Transportes Terrestres y Afines para Movilidad Integral (ASOTRAMI) ha reprochado al ministro del Interior, Juan José Saniavéñez, que la semana pasada saliera a los medios a «minimizar» el alcance de la protesta, vinculándola además con el terrorismo.
La ASOTRAMI se ha desvinculado a su vez de la huelga convocada por otro sector –al que se han referido como «traidores y fracasados»– para el 12 de noviembre, motivado por «la campaña de división y confusión» que habrían llevado a cabo junto al Gobierno, si bien las demandas que han presentado son las mismas.
«Lo hacen porque la suspensión temporal del paro fue acompañada del anuncio de que volveríamos con una medida de fuerza de mayor envergadura. En ese sentido, los traidores y fracasados han anunciado un paro para noviembre próximo», han dicho.
Por otro lado, en las últimas horas se ha registrado un ataque con arma de fuego contra un conductor de autobús a su paso por el distrito de Comas, en Lima. El vehículo, de la empresa Urano Tours y repleto de pasajeros, ha sido víctima de un ataque por parte de un grupo de extorsionadores, informa ‘La República’.
A pesar de que el Gobierno impuso el estado de emergencia en gran parte de la capital peruana este tipo de sucesos se producen semanalmente, especialmente en toda la provincia de Lima, pero también en la de Callao.
Mientras tanto, el ministro Saniavéñez, si bien reconoce que «nada es suficiente» para combatir estos delitos, insiste en que son más de 17.000 efectivos, entre policías y militares que vigilan las calles para evitar una situación que, remarca, viene de hace «muchísimos años».
