El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, aprobó el jueves la 31ra prórroga al régimen de excepción, una de las políticas de mano dura del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, a las que se les atribuye la mayoría de los crímenes en el país Centroamericano.
La excepción estará en vigor por otros 30 días en todo el país a partir del 7 de octubre. Fue aprobada en proporción partidista con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Esta es la segunda prórroga desde Bukele planteó la posibilidad de prescindir la medida a corto plazo.
El gabinete de seguridad del gobierno de Bukele pidió al Congreso aprobar la nueva prórroga por considerar que “aún existen grupos terroristas que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
Durante el debate, en el que solo intervinieron los parlamentarios del partido oficialista Nuevas Ideas, el diputado Raúl Chamagua dijo que desde que Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019 “hemos tenido más de 600 días sin homicidios, algo impensable en el pasado. Y 199 días sin homicidios en lo que va del año. No volveremos a esos días de luto, seguiremos prorrogando esta medida las veces que sean necesarias”, advirtió.
En su petición, el consejo de ministros del gobierno de Bukele, sostuvo que, si bien es cierto que las medidas extraordinarias han supuesto una reducción de delitos y la captura de más de 82.500 presuntos pandilleros, es necesario prorrogar la medida.
El estado de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 —un día después de que se registraron 62 homicidios en un lapso de 24 horas— suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
La medida, de naturaleza temporal, lleva más de dos años y medio en vigor y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por organismos y activistas de derechos humanos, los cuales han registrado más de 6.000 denuncias presentadas por las víctimas y dicen haber documentado la muerte de 305 personas adultas y cuatro bebés hijos de personas privadas de libertad.
Según cifras oficiales, en lo que va de 2024 se reportan 199 días sin homicidios y una considerable reducción de la violencia criminal en el país centroamericano que en 2015 era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios.
El país cerró 2023 con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con las autoridades. En lo que va del año la policía ha registrado 121 asesinatos, un 15% menos que los 143 contabilizados en el mismo período del año previo. Al ritmo actual, El Salvador cerraría 2024 con 162 homicidios, para una tasa de 2,6 homicidios por cada 100,000 habitantes.
