El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a los funcionarios penitenciarios de Georgia de mostrar indiferencia hacia la violencia generalizada, el consumo de drogas, la extorsión y los abusos sexuales en las cárceles del estado.
La institución federal advirtió que tomará acciones legales si Georgia no soluciona rápidamente estas violaciones de los derechos de los prisioneros, protegidos por la Octava Enmienda contra el castigo cruel. Kristen Clarke, Fiscal General Adjunta para Derechos Civiles, afirmó que las condiciones actuales no pueden ser ignoradas, subrayando que el tiempo en prisión no debe significar «muerte, tortura o violación.»
El informe de 93 páginas, fruto de una investigación sobre derechos civiles iniciada en 2021, reveló un alarmante patrón de violencia dentro de las prisiones de Georgia, donde hay alrededor de 50,000 personas encarceladas. Apuñalamientos, palizas y otros actos violentos son frecuentes, con reclusos que han asumido funciones administrativas, incluyendo la asignación de camas, según explicó Ryan Buchanan, fiscal federal del Distrito Norte de Georgia, en una rueda de prensa.
El Departamento de Justicia, sin embargo, dejó la puerta abierta para trabajar con las autoridades de Georgia en la resolución de los problemas, en lugar de optar de inmediato por una acción judicial. Kristen Clarke comentó que esperan que el estado revise el informe y coopere en la mejora de las condiciones dentro de las prisiones.
El informe incluye detalles sobre denuncias de abuso sexual, con reclusos LGBTQ+ siendo víctimas de violencia extrema. Una mujer transgénero denunció haber sido agredida sexualmente bajo amenaza de cuchillo, y otro prisionero afirmó haber sido extorsionado y abusado sexualmente por varios individuos dentro de su celda. Clarke calificó estas situaciones como pruebas de la naturaleza endémica de la violencia en el sistema penitenciario de Georgia.
