La Fiscalía de Perú sustentó este lunes ante un juez su petición de 18 meses de prisión preventiva para el presentador de televisión nacional Andrés Hurtado, además de para una fiscal y un empresario, por supuesto peligro de fuga de los investigados, en un posible caso de tráfico de influencias y lavado de activos.
Durante una audiencia judicial que se desarrolló durante cuatro horas y media, entre argumentaciones, réplicas y dúplicas, la fiscal Alejandra Cárdenas presentó los elementos de la solicitud que deberá resolver el juez supremo Juan Carlos Checkley en las próximas horas.
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Cárdenas detalló una profusa información sobre la supuesta ausencia de propiedades y falta de vínculo laboral de Hurtado, así como un presunto ocultamiento de pruebas.
Agregó que, en caso de seguir la investigación en libertad, tanto Hurtado, como la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei pueden tener facilidades para abandonar el país.
«El agraviado es el Estado», remarcó Cárdenas antes de explicar que la investigación se hace por la devolución de unas barras de oro incautadas al empresario Miu Lei y que la tipificación principal es por tráfico de influencias.
El abogado de Hurtado, Elio Riera, replicó que a su cliente «no lo encontraron intentando fugarse del país, no lo encontraron escondido», sino «en un establecimiento abierto al público», en referencia a que fue detenido cuando se había internado en una clínica de Lima.
Riera agregó que las declaraciones que ha tomado hasta el momento la Fiscalía «no pueden aportar ningún medio probatorio concreto», por lo que pidió «que se deje sin efecto este pedido de prisión preventiva».
Tras ser autorizado a dar una breve declaración ante el juez, Hurtado dijo que esta «es la primera vez» en sus «33 años de carrera artística» que afronta una situación de estas características.
«Me gustaría afrontar un juicio justo en libertad porque tengo una niña de 9 años», invocó.
A su turno, el abogado de Peralta, Benji Espinoza, aseguró que en este caso no se presenta un riesgo de obstaculización de la investigación y que su clienta ha colaborado «en todo momento».
«Estamos convencidos de que debe haber investigación, no prisión», remarcó.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió el pasado jueves que se impongan los 18 meses de prisión preventiva como parte de la formalización de la investigación preparatoria contra Hurtado, Peralta y los empresarios Miu Lei y Francisco Iván Siucho.
La pesquisa fue abierta después de que el programa televisivo Cuarto Poder, de la cadena local América Televisión, revelara que la información existente en registros públicos indica que Hurtado es el apoderado del antiguo capo del narcotráfico Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como Vaticano.
Hurtado fue vinculado previamente en otro reportaje de televisión con un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.
El artista, conocido popularmente como Chibolín y de 58 años, fue arrestado el jueves pasado, mientras que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público anunció que Peralta, fiscal de lavado de activos, había sido apartada preventivamente de su cargo, tras ser acusada de supuestamente cobrar comisiones ilegales para intervenir en este caso.
