Los restos humanos hallados el 30 de julio en Uruguay corresponden a Luis Arigón Castel, quien estaba desaparecido desde 1977 ―en el marco de la última dictadura en el país―, informó este martes el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.
En conferencia de prensa, Perciballe detalló que el análisis genético del Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que “en forma concluyente, en un 99,99%” los restos corresponden a Arigón Castel.
Cuando desapareció el 14 de junio de 1977, Arigón Castel tenía 51 años.
“Fue un militante sindical y político que, por el solo hecho de resistir a la dictadura y creer en una sociedad distinta, fue privado ilegítimamente de su libertad, trasladado al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometido a diversas torturas, que fueron constatadas por el equipo interdisciplinario que se dispuso para eso, y luego fue enterrado en forma clandestina en el Batallón 14 (del Ejército)”, dijo el funcionario.
La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), Alicia Lusiardo, agregó que, según el análisis forense de la junta médica, “la forma médico-legal de la muerte fue violenta, por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura”. Sin embargo, agregó que no fue posible “establecer con certeza la causa de la muerte” a partir de los restos óseos.
Al momento de su detención-secuestro, Arigón Castel estaba casado y tenía dos hijos, trabajaba en una librería, era sindicalista en la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria y militaba en el Partido Comunista de Uruguay, según la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Uruguay.
Los restos fueron hallados en el Batallón 14 del Ejército de Uruguay, donde anteriormente se encontraron también los restos de otros tres desaparecidos de la dictadura.
Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay, 197 uruguayos fueron detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), en su mayoría en el marco de la llamada Operación Cóndor, de coordinación represiva entre los regímenes militares de Sudamérica. Ocho de ellos fueron encontrados e identificados en Uruguay.