En sesión esta tarde, se apuntó que dicha reforma contó con la aprobación de 23 de 17 Congresos estatales que eran necesarios.
“Le pido al público asistente ponerse de pie. Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma al Poder Judicial”, apuntó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Se destacó que los Congresos locales que dieron su aval a dicha reforma fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
En esta sesión donde se declaró la constitucionalidad de la reforma judicial solo estuvieron legisladores del oficialismo y no de la oposición.
Ahora, la reforma pasará a la Cámara de Diputados, que sesionará este viernes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el domingo 15 de septiembre promulgará la reforma judicial para que a partir de junio de 2025 los mexicanos elijan en las urnas a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte , así como a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que castigará a juzgadores por sentencias irregulares.
Trabajadores del Poder Judicial y opositores han advertido de una posible “dictadura” o “autocracia” porque la iniciativa permitirá que el Ejecutivo postule candidaturas para todos los juzgados del país y reciban apoyo del oficialismo para las campañas, mientras que el Tribunal de Disciplina sancionaría a los jueces disidentes.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que está en suspensión de labores desde el 21 de agosto, anunció que acudirán a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para frenar la iniciativa aprobada esta semana.
La reforma también ha despertado alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados y socios comerciales de México, como Estados Unidos, por la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, como el crimen organizado, en las próximas campañas electorales de los jueces.
