El resultado de las cuestionadas elecciones en Venezuela ha suscitado reacciones en todo el mundo y ha puesto en alerta no sólo a la comunidad internacional sino especialmente a la latinoamericana, que teme un nuevo éxodo masivo en la región, ya contra las cuerdas por la actual diáspora. Uno de los primeros en prepararse es Chile, un país donde los venezolanos también han supuesto un valioso aporte a la sociedad.
El presidente chileno Gabriel Boric fue el primer líder latinoamericano en rechazar la victoria de Nicolás Maduro. Esto generó la expulsión del cuerpo diplomático chileno en el país y el cierre del consulado, una decisión calificada por Chile como “histórica” e “insólita”, que deja a más de 700.000 venezolanos desamparados sin acceso a regularizar o actualizar sus papeles en el país andino. Esta nación también es una de las primeras en prepararse ante un nuevo flujo migratorio.
Las autoridades chilenas se apresuraron en advertir que las cosas son distintas. “La situación actual en nuestra frontera es muy distinta a la que había años atrás”, señaló poco después de las elecciones el canciller chileno Alberto Van Klaveren, afirmando que la capacidad de Chile para seguir recibiendo inmigrantes “es muy reducida”.
De hecho, el Gobierno de Boric ha sido uno de los primeros en prepararse ante la posible huida masiva si Maduro continúa en el poder.
A principios de agosto, las autoridades se desplegaron en los puestos fronterizos donde se encuentran las Fuerzas Armadas. Y la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con su par de Defensa, Servicio de Migración y Policías, entre otros, para establecer un plan de acción.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, mantuvo reuniones con sus pares de Colombia, Perú y Ecuador y otros funcionarios de Bolivia para prepararse ante posibles efectos.
Las peticiones se elevan hasta el cierre de fronteras
Aunque Chile es el quinto país de acogida en números de venezolanos, por detrás de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, los 700.000 reconocidos, se unen a otros 1,1 millones de migrantes de otras nacionalidades, lo que supone que casi un 10% de los 20 millones de chilenos son migrantes, uno de los porcentajes más altos de la región, con un crecimiento exponencial en los últimos años.
Algunos senadores socialistas -parte del oficialismo- como Juan Luis Castro han planteado la posibilidad de crear campamentos en la frontera para acoger a los venezolanos mientras se verifican sus papeles. Otros, más a la derecha, piden medidas más drásticas como zanjas o plantean, directamente, el cierre de fronteras.
La grave crisis de seguridad que atraviesa Chile en los últimos años ha hecho que, en los discursos mediáticos, se vincule a migrantes venezolanos con crímenes especialmente violentos. Aunque son un porcentaje mínimo de la población, y similar al porcentaje de chilenos que cometen delitos, se genera una sonora estigmatización con visos de xenofobia.
Cambio en el trato hacia los venezolanos
“Sí hay un cambio en el trato”, explica a France 24 Ysabel García, una abogada que llegó a Chile en 2019, tras una devaluación que afectó a sus negocios en Venezuela. Tenía una empresa de tortas, otra de caramelos y era además administradora de edificios comerciales. Su esposo, Luis, tenía su empresa de proyectos de ingeniería.
Cuando llegó a Chile se sintió bienvenida. “A los venezolanos los recibían bien para esas fechas, con alegría. Mucha gente cuando nos oía hablar decía cosas tan bonitas sobre nosotros, que era súper emocionante, te saltaban las lágrimas”, explica en una tarde invernal desde Santiago.
Pero ese sentimiento poco a poco cambió, e incluso, en el edificio donde se desempeña como conserje ha sentido maltrato, tanto por inquilinos como por visitas, y asegura que los venezolanos que trabajan o viven ahí han recibido amenazas de muerte por parte de algunos vecinos. “Muchas veces cuando hay problemas, en el citófono, te dicen seguro que son los venezolanos del piso tal, cuando no lo son”, explica.
