Un alto tribunal de la República Dominicana aceptó revisar una objeción a las leyes que criminalizan el sexo gay en el que participen miembros del ejército y de la policía, las cuales datan del siglo pasado.
Es la primera vez en la historia reciente que alguien en el conservador país caribeño objeta dichas leyes, que castigan tales acciones con hasta dos años de prisión para los policías y un año para los militares.
Aunque los procesos penales son infrecuentes, “ese no es nunca el final de la historia”, dijo el sábado en entrevista Cristian González Cabrera, investigador de alto nivel de Human Rights Watch.
“Las leyes señalan a un grupo social vulnerable, dando legitimidad jurídica a la discriminación, la violencia, y los prejuicios contra las personas (LGTBQ+)”, afirmó.
El Tribunal Constitucional de República Dominicana conoció el caso el viernes y actualmente delibera sobre las leyes, que datan de 1953 para el ejército, y de 1966 para la policía. En la impugnación, de 50 páginas, enviada al tribunal, se establece que las leyes constituyen “una amenaza y un riesgo constante que reposa como una guillotina sobre su cabeza cada día de servicio”.
No se sabe cuántos miembros del ejército y la policía han sido sancionados o dados de baja por presuntamente violar esas leyes, principalmente porque muchos dudan en darse a conocer y hacer público su caso.
En 2019, un sargento del ejército dominicano fue dado de baja después de que un video donde aparece teniendo sexo con otro hombre se volvió viral. El militar apeló la decisión y un tribunal desestimó su caso en 2021, a lo que también apeló y está en espera de un fallo, de acuerdo con Human Rights Watch.
En otro caso que no salió a la luz pública, los superiores de una mujer policía ordenaron que pasara seis meses en prisión, pero no objetó la orden porque no quería ser identificada formalmente en documentos como lesbiana por temor a represalias, señaló Anderson Dirocie, uno de los dos abogados que han objetado las leyes.
“No es lo normal que la gente salga acá”, dijo, y señaló que existe una estigmatización generalizada, a pesar de que en el país está permitido el sexo homosexual entre civiles. “Aquí no hay derechos reales ni protección real para las personas (LGTBQ+)”.
Como hombre gay de raza negra, Dirocie dijo el sábado que decidió objetar las leyes junto con otro abogado, aunque las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y no pueden ser apeladas. El tribunal, compuesto por 13 jueces, tiene cuatro meses para emitir un fallo, y se requiere una mayoría mínima de nueve miembros.
Dirocie señaló que la procuraduría general del país deberá decidir sobre cualesquier cambios directos a la Constitución y que ya ha aprobado el que presentaron ante el tribunal.
Entre los países que han eliminado leyes similares están Venezuela, Perú, Ecuador y Estados Unidos, donde los homosexuales y las lesbianas tuvieron prohibido incorporarse al ejército hasta 1993, cuando una política de “no preguntar, no decir” que finalizó en 2011 les permitió integrarse mientras no hablaran de su orientación sexual. En general, el ejército estadounidense dio de baja a más de 100.000 elementos con base en su identidad sexual o de género.
