Indígenas purépechas bloquearon, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, al menos seis carreteras estatales y federales del estado de Michoacán, en protesta por el acumulado de más de 115 mil personas desaparecidas en el país.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que aglutina a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, informó que los bloqueos carreteros también representan una jornada de lucha contra el Ejército e instituciones de seguridad, a las que responsabilizan de desapariciones forzadas.
Dos de las carreteras bloqueadas unen el municipio de Cherán con los de Zamora y Uruapan, mientras que el tercer tramo vial conecta la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, con la de Quiroga.
La cuarta carretera con bloqueo comunica los municipios de Pátzcuaro y Uruapan, mientras que la quinta enlaza Uruapan con el poblado de Los Reyes.
Asimismo, los indígenas tomaron una caseta de peaje de la autopista federal que une Morelia con el puerto internacional de Lázaro Cárdenas, en el Pacífico mexicano, a la altura del municipio de Taretan.
El CSIM también exigió al gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su intervención para aclarar la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz y de dos amigos de ellos, ocurrida en 1974 por presuntas tropas del Ejército.
Los siete desaparecidos son José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez.
Todos ellos eran habitantes de poblados purépechas y habrían sido víctimas de una persecución y desaparición forzada al ser catalogados como “luchadores sociales” y “opositores políticos”, por el gobierno del expresidente Luis Echeverría Álvarez.
El colectivo ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ descubrió indicios que algunos integrantes de la familia Guzmán Cruz presumiblemente forman parte de la lista de 183 víctimas de los “vuelos de la muerte”, personas que desde aviones fueron arrojadas al océano Pacífico entre 1972 y 1974, por el Ejército y las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Policía Judicial de Guerrero.
