Donald Trump no solo compite por volver a la Casa Blanca y recuperar el poder en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Es posible que para él esté en juego evitar ir a la cárcel por las decenas de delitos de que le acusa un fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia en dos casos diferentes. Ambos casos parecían en el limbo. El de los papeles clasificados de Mar-a-Lago por la sorprendente decisión de la jueza de archivarlo. El de la interferencia electoral de Washington, por la sentencia sobre inmunidad presidencial del Tribunal Supremo. Los dos han reaparecido esta semana a poco más de dos meses de las elecciones. Junto con la sentencia pendiente del caso de Nueva York y la instrucción del caso de Atlanta, pueden marcar la recta final de la campaña electoral, aunque su impacto es incierto.
Hace unas décadas, una acusación penal como alguna de las que pesa contra Trump habría acabado con la carrera de cualquier político. Ningún presidente ni expresidente había sido imputado por un gran jurado hasta el republicano, que lo ha sido en cuatro casos diferentes por decenas de delitos. Un jurado popular declaró a Trump culpable de 34 delitos por falsedades en facturas, cheques y apuntes contables para ocultar pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels —para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016—. Además, otros jurados le han declarado culpable de fraude, abuso sexual y difamación en casos civiles. Pese a ese historial, Trump maneja con maestría sus dotes de comunicación, sus bulos y sus redes de propaganda para presentarse como un mártir, una víctima de la persecución política.
Ese es el guion que ha seguido esta semana. Dos casos que parecían aparcados vuelven al primer plano, aunque ninguno de ellos irá a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre. La jueza federal Aileen Cannon, nombrada por el propio Trump, decidió archivar en julio de forma sorprendente el caso de los papeles de Mar-a-Lago con la tesis de que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, era ilegal porque no lo había designado el presidente (lo hizo el fiscal general) ni había sido ratificado por el Senado. Trump celebró la decisión de la jueza, que rompía con todos los precedentes al respecto. Sin embargo, Smith presentó el lunes un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito o división judicial, que ya ha propinado varios varapalos jurídicos a la jueza por sus decisiones favorables a Trump. El caso, por tanto, sigue vivo y coleando.
El otro caso que había quedado en el alero es el del mismo fiscal ante un juzgado de Washington D. C. en el que se acusa a Trump por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden. El juicio estaba fijado para comienzos de marzo, pero los abogados del expresidente recurrieron una y otra vez alegando inmunidad presidencial. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, le concedió una amplia inmunidad por los actos realizados en ejercicio de su cargo, convirtiendo en papel mojado parte del escrito de acusación inicial, pero dejando que los tribunales inferiores continuasen con el caso y trazasen la frontera.
El fiscal ha conseguido una nueva imputación votada por otro gran jurado que considera que se adapta a la nueva doctrina y que mantiene la acusación por los cuatro delitos de la anterior. En ella, deja al margen aquellos actos que, en su opinión, quedan amparados por la sentencia del Supremo, principalmente sus interacciones con el Departamento de Justicia, y se presentan como actos privados de un candidato las presiones sobre autoridades para alterar el resultado. Trump y sus abogados creen que la nueva acusación sigue violando su inmunidad. La jueza Tanya Chutkan, nombrada por Barack Obama, tendrá que decidir, al menos en primera instancia.
