Una marcha de jubilados en Buenos Aires contra el veto que se anunció por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, a un proyecto de ley para modificar la fórmula de actualización de las pensiones se reprimió por parte de la Policía.
Los jubilados se concentraron frente al Congreso Nacional y, antes de comenzar a marchar hacia la icónica Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), fueron reprimidos por el personal policial, que golpeó a varios de ellos y utilizó gas pimienta, que también afectó a algunos informadores que cubrían la marcha.
Marcha de jubilados y otros actores sociales
Los colectivos de pensionistas estuvieron acompañados, además, por manifestantes de distintas organizaciones sociales y políticas que se sumaron a su reclamo contra la decisión del presidente de vetar la ley, aprobada la semana pasada por amplia mayoría en el Senado.
Esta establece una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %.
La represión policial se debió a que los manifestantes cortaron parcialmente la Avenida Rivadavia y rechazaron acatar la orden de regresar a la acera, tras lo cual los efectivos intentaron sacarlos por la fuerza.
Esto desató enfrentamientos, en los que la Policía utilizó gas pimienta y golpeó a algunos jubilados con porras (garrotes), en aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Poco después, sin embargo, la marcha prevista a Plaza de Mayo comenzó con normalidad y concentró a unas 2.500 personas, rodeadas de un fuerte operativo policial.
Los plazos de Milei para el veto
El presidente tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria aprobada el 22 de agosto y que, según el Gobierno, implicaría un gasto del 1,2 % del PBI.
Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de ajuste del Ejecutivo de Milei puesto en marcha desde que asumió el 10 de diciembre pasado, aunque en marzo el mandatario actualizó por decreto las pensiones, basándose en la inflación, y no mediante una fórmula que regía desde 2021.
Con una inflación del 263,4 % interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65 % de los 6,5 millones de sus jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los 305 dólares mensuales -al tipo de cambio oficial-, que representa un 82 % del salario mínimo legal del país.
La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, mientras que el Parlamento puede superar esto volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas.
Tras el anuncio de que vetará la ley, el Gobierno informó que llevará a cabo una actualización por decreto de las pensiones de un 4 % en septiembre, lo que llevaría el haber mínimo a 314 dólares.
