Congresistas del oficialismo de Guatemala presentaron este jueves (22.08.2024) una nueva querella contra un fiscal que en la víspera pidió privar de inmunidad al presidente Bernardo Arévalo para encausarlo.
La pugna entre el mandatario y el cuestionado Ministerio Público (Fiscalía) ha escalado en las últimas semanas, con pedidos de ambas partes a la Justicia destinados a deshacerse de su adversario.
«Estamos presentando una querella en contra de [el fiscal] Rafael Curruchiche por los delitos de abuso de autoridad, infracción de privilegio y denegación de justicia», dijo el jefe de bancada del partido Semilla, Samuel Pérez, en conferencia de prensa.
El 21 de agosto, Curruchiche pidió a la Corte Suprema que avale el retiro de la inmunidad a Arévalo para que sea investigado por supuesto abuso de autoridad y otros cargos. Si la Corte da luz verde, debe remitir el caso al Congreso -que toma la decisión sobre la inmunidad- paso previo en un procedimiento que podría costarle el cargo a Arévalo.
Pérez criticó a Curruchiche y a su jefa -la fiscal general, Consuelo Porras- afirmando que exhiben «una vez más su mediocridad y su desesperación» y calificó de «circo mediático» las investigaciones contra el presidente.
La disputa comenzó en 2023, cuando la Fiscalía abrió una causa contra Semilla después de que Arévalo se perfilara como favorito para ganar la Presidencia con su promesa de «mano dura» contra la corrupción. Como parte de esta disputa, la Fiscalía consiguió que la Justicia inhabilitara a Semilla, lo que restringe la acción de su minoritaria bancada de 23 congresistas, de un total de 160.
Por su lado, Arévalo promueve una reforma legal para poder remover a Porras, quien es considerada «corrupta» por Washington y la Unión Europea, que también han sancionado a Curruchiche.
Pérez aseguró que Curruchiche presentó «un caso mediocre con documentos y audios que fueron obtenidos de manera ilegal» y sostuvo que la Fiscalía se ha convertido «un grupo criminal que hoy conduce la investigación penal en Guatemala».
En tanto, la Unión Europea argumentó este jueves en un comunicado que el pedido de privar de inmunidad a Arévalo forma «parte de un patrón más amplio y altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas».
