El Gobierno de Nicaragua anunció este viernes que reformará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que tendrán ahora que formar «alianzas» con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales en Managua que las leyes que serán reformadas se enviarán a la Asamblea Nacional (Parlamento), donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, para su aprobación.
«A partir de la fecha los ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘alianzas de asociación'», indicó Murillo, la esposa del presidente del país, Daniel Ortega.
Cada ONG presentará a las entidades públicas a través del Ministerio del Interior o la Cancillería, según sea el caso, propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares, de acuerdo a su definición o vocación, de acuerdo con el Ejecutivo sandinista.
El Gobierno y las entidades del Estado podrán o no aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado en las leyes de la República, explicó Murillo.
Una vez que el proyecto se desarrolle, ejecute y cumpla a cabalidad, la ONG puede proponer una nueva alianza de asociación conforme a su naturaleza o campo de acción, indicó.
Cada nueva alianza de asociación deberá cumplir con la legislación nicaragüense en todos sus aspectos y formalidades, agregó.
La dignataria dijo que, en esta lógica, ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales, «de manera que se fundamenten en un estricto propósito e intención de respeto y solidaridad».
«Con esta nueva modalidad, continuamos contribuyendo al indispensable ordenamiento de nuestro diario caminar, con respeto y apego a las leyes nicaragüenses de parte de cualquier organismo registrado formalmente en nuestro país, que proponga proyectos de interés para nuestra Nicaragua», señaló Murillo.
La también primera dama dijo que el Gobierno reconoce «la contribución fraternal de los ONG en contextos respetuosos y armoniosos, indispensables para la bienandanza de todos los involucrados en gestión y promoción solidaria».
Las leyes que serán reformadas son la Ley de Concertación Tributaria para eliminar exoneraciones y otros beneficios fiscales; la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, para adicionar las “alianzas de asociación”, y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
El Estado de Nicaragua, a través del Gobierno o el Parlamento, ha ilegalizado más de 3.700 ONG tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
