El titular del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, está convocado el lunes a una audiencia judicial en la que sus abogados presentarán un plan de compensación de daños con el que aspiran cerrar un proceso penal por el incendio de un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 personas y una treintena resultó herida.
Garduño está acusado de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones pero sigue al frente del INM y el juez le permitió continuar el proceso en libertad. Desde el inicio de la causa sus abogados plantearon que trabajarían para llegar a un acuerdo con los denunciantes.
Uno de sus defensores, Rodolfo Pérez, dijo a The Associated Press que lo importante de la audiencia del lunes “es la reparación del daño”. No quiso ofrecer detalles sobre el plan compensatorio que cerraría el proceso pero agregó que, si se acepta la propuesta, “no se juzga sobre la culpabilidad de ninguna persona, su finalidad meramente es reparatoria”.
Las organizaciones civiles que representan a parte de las víctimas, tanto a familias de los que fallecieron como de los 27 migrantes que quedaron heridos, insisten en que el proceso está todavía en fase de investigación y debe continuar para que se sepa el grado de responsabilidad de Garduño en los hechos.
Horas antes de la audiencia, dos de esas organizaciones —el IMUMI y la Fundación para la Justicia—, denunciaron que la estatal Comisión de Atención a Víctimas estaba intentando persuadir a algunas familias para que no se opusieran a la reparación.
Según Marcos Zavala, abogado de la Fundación, una de las exigencias de las familias es que se determinen todas las responsabilidades del que fue el peor incidente en un centro migratorio de la historia de México.
“El proceso penal en sí es parte de la reparación… para que no se lance un mensaje de impunidad”, subrayó.
Zavala criticó, además, que se pretenda presentar un plan de compensación aceptable sin haberlo negociado ni con las víctimas ni con sus abogados.
El 27 de marzo de 2023 unas 70 personas estaban hacinadas en un dormitorio para hombres cerrado con candado, sin ventilación y sin apenas agua en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso.
Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo. Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas.
Además de Garduño, otro directivo del Instituto Nacional de Migración, Antonio Molina, fue acusado de los mismos delitos y el juez también le permitió seguir el proceso en libertad. Molina dejó su puesto en agosto del año pasado. Según el abogado de la Fundación para la Justicia el exfuncionario tiene otros procesos pendientes y está prófugo porque no se presentó ante la corte cuando debía haberlo hecho.
Hay otros seis funcionarios migratorios —entre ellos un militar— bajo proceso acusados de homicidio y lesiones, al igual que un guardia de seguridad privada y los dos migrantes señalados de iniciar el fuego.
