Abogados de organizaciones de derechos humanos solicitaron este jueves (08.08.2024) a la Fiscalía General de El Salvador que investigue al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) por «no responder» ante las muertes de niñas y niños registradas en cárceles del país centroamericano, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción.
El abogado Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), explicó a periodistas que se trata de un aviso penal entregado en una de las sedes de la Fiscalía en Salvador contra el CONAPINA y su directora, Linda de Morán.
Joya señaló que el CONAPINA y Morán «han cometido los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes al no dar respuesta ante las muertes de niños en cárceles y menores que han quedado en la orfandad por la captura o muerte de sus padres». Amplió que, en 2023, presentaron ante el CONAPINA un escrito para que «tomara cartas en el asunto ante esta situación», pero aseguró que «no hubo ninguna acción».
«No observamos, desde el escrito presentado en septiembre de 2023, que las autoridades competentes, el ente rector que tiene que velar por la protección de los derechos de los niños y adolescentes en este país (…) haya dado una respuesta, ni haya investigado», añadió Joya.
Según la abogada Ivania Cruz, también miembro de UNIDEHC, «son al menos 918 menores de edad los que se encuentran en condiciones deplorables en las cárceles junto a sus madres, detenidas por el régimen».
La organización humanitaria Cristosal dio a conocer recientemente, luego de una investigación, que cuatro bebés han muerto en las cárceles de El Salvador. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) reveló en un informe que el CONAPINA indicó a las autoridades de Estados Unidos que se detuvo a 3.319 niños y niñas entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, con 841 que seguían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 siguen cumpliendo condena.
