La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) financiará 18 proyectos en 11 departamentos de Colombia valorados en más de 120.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares estadounidenses o 26 millones de euros) para sustituir las plantaciones ilícitas de coca por cacao y otros cultivos alimenticios.
El presidente de la ADR, Luis Alberto Higuera, informó este lunes en una rueda de prensa de que estos proyectos van destinados a territorios afectados por el conflicto armado, la violencia, la desigualdad o el abandono estatal y a las zonas campesinas.
Con motivo del mes de la Reforma Agraria y de los dos años de Gobierno del presidente Gustavo Petro, la ADR se propone «recuperar la dignidad del sector campesino» y transformar el campo colombiano.
Entre los proyectos destaca uno que será llevado a cabo en Putumayo (sur), con una inversión de 34.980 millones de pesos (unos 8,4 millones de dólares o 7,7 millones de euros), la «mayor» hasta el momento en la historia de la entidad de Desarrollo Agrícola, según agregó Higuera.
Los 18 proyectos están distribuidos en los departamentos de Putumayo (sur), Nariño (sur), César (norte), Risaralda (centro), Arauca (este), Magdalena (norte), Tolima (suroeste), Cauca (suroeste), Córdoba (norte), meta (centro) y Caquetá (sur) e incluyen plantaciones de coco, café, cacao, maíz, frutas, hortalizas e industrias apícolas, pesqueras y piangüeras.
«Nuestra visión es reparadora y reformadora», explicó el presidente de la ADR, quien recordó que el Putumayo fue «especialmente afectado por el conflicto paramilitar» donde el 90 % de las víctimas son familias que cultivaban coca.
Este proyecto favorecerá a 626 familias de 14 organizaciones de distintos municipios del departamento.
Además de la sustitución de cultivos ilegales por plantaciones legales, la ADR busca reducir los territorios de explotación ganadera vacuna, convirtiéndolos en ganaderías sostenibles y sustituyendo algunas tierras por cultivos de productos alimenticios.
Por otro lado, las inversiones incluyen mejoras en los canales de irrigación y drenaje en cuatro departamentos del país y ayudas a familias de mujeres, víctimas o pueblos étnicos en las regiones de San Andrés y Catalina y Providencia (caribe), destinadas al sector de la pesca.
El presidente de esta agencia destacó la labor de la entidad en la inversión absoluta de su presupuesto, que en 2024 es de 600.000 millones de pesos (unos 144 millones de dólares o 132 millones de euros), y la elaboración de 85 proyectos en lo que va de año, 18 solo en el mes de agosto.
Una de las propuestas del Gobierno de Petro en su agenda reformista es la reforma agraria, con la que pretende un mejor reparto de tierras en el país, que históricamente ha sido una de las causas estructurales del conflicto.
Sin embargo, los avances en esa reforma son casi nulos y, aunque ha aumentado la entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a víctimas del conflicto, los juzgados de tierras siguen saturados y las sentencias de restitución de terrenos están demoradas desde hace décadas.
A principios de junio la Agenda Nacional Campesina (ANC), representante del gremio, publicó una carta dirigida al presidente Petro en la que comunicó la movilización nacional campesina por la falta de cumplimiento de los acuerdos entre el Estado y los campesinos.
El pasado julio, campesinos de todo el país tomaron pacíficamente la sede de la Agencia de Desarrollo Rural, en Bogotá, para reclamar avances en la reforma agraria, y a día de hoy siguen acampados en las instalaciones.
