A cuatro días de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, se desató una ola de represión contra quienes protestan, informan sobre las protestas o se identifican con la oposición. Desde la noche electoral del domingo, Lisette González, de la organización de derechos humanos Provea, ha dormido poco. A donde vaya, ya sea a su oficina, a su casa o a reuniones de trabajo, tiene los auriculares de su celular puestos y los ojos clavados en su computadora portátil, llenando tablas de Excel. Ella recibe y sistematiza las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
La cuenta aumenta a un ritmo vertiginoso. «El contraataque se desató el lunes en la noche, cuando los colectivos (grupos civiles armados que apoyan al régimen) se metieron a casas de gente, los saquearon, les robaron», explicó a DW Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.
Activistas en la mira
Entre las víctimas documentadas por las defensoras de derechos humanos en Venezuela está, por ejemplo, Manuel Antonio Peña, de 71 años. Se lo llevaron unos veinte policías en motocicletas cuando estaba comprando afuera de una tienda en el estado de Trujillo. También Mónica Martínez Bowen, dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ) en el estado Yaracuy, fue detenida ilegalmente. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se la llevaron el martes antes de subir a un avión en el aeropuerto internacional de Caracas, frente a su esposo y su hija menor de edad.
De muchos de estos abusos circulan videos en redes sociales, tomados desde viviendas cercanas. Se escuchan gritos e insultos altisonantes en contra de las fuerzas del orden.
En el barrio popular de Catia, en Caracas, fuerzas de seguridad cercaron una protesta de estudiantes. Estos denunciaron el domingo (28.07.2024) al director de su universidad porque este quería obligarlos a votar por Maduro. Los policías se llevaron 25 de ellos. La represión también cae sobre testigos y presidentes de mesa en los centros de votación, cuenta a DW un activista político en Catia.
