La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes (26.07.2024) al Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala a que cese la «criminalización» contra jueces, abogados, periodistas, funcionarios y todas aquellas personas que luchen contra la corrupción.
Así lo afirmó un informe preliminar emitido por una misión del organismo regional que estuvo en Guatemala para verificar la situación democrática que atraviesa el país centroamericano.
«La CIDH insta al Ministerio Público a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos y así contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales», dijo la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, durante una conferencia de prensa.
En el mismo sentido, la abogada argentina también recomendó «limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia», e instó al país centroamericano a «liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva y que esté criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra».
Pochak puso como referencia la situación que vive el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace dos años sin sentencia, y el fiscal anticorrupción Stuardo Campo, también en prisión preventiva desde 2023.
La funcionaria resaltó de igual forma la importancia de la elección de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, programada para el segundo semestre de 2024.
La visita de la CIDH a Guatemala
La misión de la CIDH arribó a Guatemala el 22 de julio tras la invitación del presidente Bernardo Arévalo de León, quien tomó posesión en enero de 2024 pese a los intentos por evitarlo por parte del MP, señalado local e internacionalmente de corromper la Justicia en el país centroamericano.
Durante su estancia en Guatemala, la delegación sostuvo más de 30 reuniones con distintos sectores, incluida la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos desde 2022 bajo señalamientos de corrupción y de «socavar» la Justicia en Guatemala.
La comitiva de la CIDH en Guatemala estuvo comandada por la abogada estadounidense Roberta Clarke, secundada por los vicepresidentes Carlos Bernal y José Luis Caballero, entre otras personas diplomáticas.
