La Justicia de Argentina rechazó este jueves (25.07.2024) una apelación del Gobierno de Javier Milei contra una medida que lo obliga a detallar el plan de entrega de alimentos a comedores sociales, que atienden a las personas más vulnerables, asunto que ya fue objeto de polémica meses atrás.
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal decidió «desestimar el recurso de revocatoria y la apelación subsidiaria» contra una resolución que obligaba al Ejecutivo argentino a detallar su plan de distribución a los comedores populares, en el marco de la medida cautelar para mantener los planes de alimentos vigentes que otro magistrado había ordenado al Ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello.
El juez federal Martin Cormick resolvió este jueves «intimar a la demandada a cumplir con lo demandado» dentro del plazo dispuesto, que comenzará a correr el 26 de julio y, por ende, da tiempo hasta el lunes 29 a presentar un plan para la distribución de los alimentos.
La puja judicial fue iniciada por el dirigente social Juan Grabois, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien en febrero de 2024 denunció a la titular de la cartera por incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con la interrupción del reparto de alimentos a los comedores populares.
El Ministerio sufrió un traspié a finales de mayo, cuando reconoció que tenía 5 millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos del Estado. La Justicia Federal ordenó al Gobierno planificar la distribución de esa mercadería en 72 horas, pero la cartera apeló el fallo hasta llegar a la Corte Suprema.
En paralelo, la UTEP presentó una acción colectiva pidiendo que se reanudara la entrega de alimentos y la Justicia Federal ordenó al Ministerio de Capital Humano que dé continuidad a los programas no ejecutados o interrumpidos, así como a que garantice el derecho a la alimentación. En este marco, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal intimó el 22 de julio al Estado a acreditar en forma documentada cómo cumplirá con la distribución de alimentos.
La disputa entre el Ministerio de Capital Humano -que, entre sus tareas, está ser encargado de la distribución de alimentos y el pago de planes sociales- y las organizaciones sociales, algunas de ellas denunciadas por la cartera, tiene lugar desde el inicio de la gestión de Milei.
El Gobierno de Milei busca eliminar a los intermediarios en el reparto de comida y reemplazar esta política por la entrega de dinero a las personas vulnerables para evitar lo que el Ejecutivo califica de «corrupción» y negociación con la pobreza ajena.
