El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha ofrecido este miércoles sus disculpas a las víctimas de la esterilización forzada después de que a comienzos de mes el Tribunal Supremo nipón ordenara al Gobierno indemnizar a los damnificados por unas prácticas que se llevaron a cabo durante décadas en el país y que afectó a miles de personas.
«Me tomo muy en serio el reciente fallo del Tribunal Supremo. Muchas personas han sufrido un tremendo dolor físico y mental debido a la antigua Ley de Protección Eugenésica», ha manifestado Kishida durante un encuentro con demandantes y abogados en el que ha trasladado su «remordimiento» y ha ofrecido las disculpas del Ejecutivo por lo sucedido.
Así las cosas, el primer ministro japonés ha reconocido que el Gobierno tiene «una responsabilidad extremadamente grave», incluida la forma en que hizo cumplir la ley. «La cirugía eugenésica es una violación de los Derechos Humanos que nunca debería ocurrir y socava la dignidad de las personas», ha manifestado, según recoge la radiotelevisión pública NHK.
«Lamentamos mucho que al menos 25.000 personas sufriera las graves consecuencias de la esterilización en los 48 años transcurridos entre 1948 y 1996 porque padecían una enfermedad o discapacidad», ha añadido un Kishida que afirma que «el dolor y el largo sufrimiento de las víctimas» es algo que «no se puede posponer» y ha ordenado avanzar en los términos de compensación.
El Supremo japonés resolvió a comienzos de julio las demandas presentadas recientemente en contra del Estado por la realización de este tipo de cirugías entre los años 50 y 70 y aclaró que estos delitos no prescriben. Asimismo, dictaminó por primera vez que la citada Ley de Protección Eugenésica es inconstitucional.
Está previsto que el Gobierno tenga que pagar unos once millones de yenes (unos 63.200 euros) a cada víctima y 2,2 millones de yenes (cerca de 12.630 euros) a la mujer de un hombre que figura entre las víctimas de esta práctica y que ya falleció. Estas cuantías son superiores a las anteriormente estipuladas por la Justicia.
Los datos del Gobierno japonés apuntan a que unas 25.000 personas fueron esterilizadas en el marco de la ley, de las cuales 16.000 fueron sometidas a esta práctica sin su consentimiento.
