Organizaciones defensoras de derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua denunciaron este jueves la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu del Caribe Norte nicaragüense, que se ha intensificado desde 2018 por un proceso de «colonización» que, sumado a la crisis sociopolítica que atraviesa ese país, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”.
La denuncia fue interpuesta en una audiencia durante el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La exiliada nicaragüense Tininiska Rivera, hija del líder político indígena miskito Brooklyn Rivera, dijo que el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra, señaló, con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del Gobierno de autoridades indígenas paralelas y afines.
El objetivo, indicó Rivera, es anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal.
Aseguró además que el Ejecutivo que preside Daniel Ortega no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), lo que deja a unas 304 comunidades vulnerables a invasiones.
A su vez, la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Camila Ormar, sostuvo que el recrudecimiento de la violencia en contra de estos indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección.
El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras, afirmó Ormar, y denunció que en los primeros seis meses de 2024 se dieron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión.
Asimismo, según la denuncia, el Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas.
Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI), aseguró que entre 2007 y 2022 el sector minero ha recibido 2.524 millones de dólares de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano.
“Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Hebertt López.
En ese sentido, el relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan, expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el caso de Canadá.
«Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, anotó Bulka.
Por su parte, el comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el Gobierno de Nicaragua, así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- que quieren explotar recursos naturales.
Según Bernal, esas inversiones son «a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen».
«Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal.
Los indígenas llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas.
