Las autoridades europeas están impulsando «un retroceso sistemático» del derecho a la protesta, lo que ha provocado detenciones ilegales de menores y la «demonización» de los manifestantes, a los se trata como terroristas, denunció este martes Amnistía Internacional (AI).
Así lo refleja en su informe ‘Infraprotegidos y excesivamente restringidos: El estado del derecho a la protesta en 21 países de Europa’, que se basa en entrevistas hechas entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023.
En el documento, AI documenta «un patrón de leyes represivas», el uso de fuerza excesiva, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios, restricciones injustificadas o discriminatorias y el uso cada vez mayor de tecnología de vigilancia invasiva.
«La investigación de Amnistía presenta un panorama profundamente perturbador de un ataque brutal en toda Europa contra el derecho a protestar. En todo el continente, las autoridades vilifican, impiden, disuaden y castigan ilegalmente a las personas que protestan pacíficamente», afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en la nota.
Según este estudio, de más de 200 páginas, las autoridades de países como Alemania, Italia, España y Turquía han recurrido a procedimientos «relacionados con el terrorismo» y leyes de seguridad nacional y combate a organizaciones criminales para «atacar» a manifestantes en protestas y actos de desobediencia civil.
En ese sentido, precisó que cada vez más se están enmarcando como amenazas al orden público y a la seguridad nacional actos «pacíficos» de desobediencia civil, lo que concede a las autoridades falsos pretextos para imponer restricciones y eludir obligaciones internacionales con los derechos humanos.
Por ejemplo, en el caso de España, AI cita el caso de 12 personas que fueron seguidas por delitos relacionados con el terrorismo por la presunta organización de protestas relacionadas con la independencia de Cataluña. También habla de 25 miembros de Futuro Vegetal que fueron investigados por participar en una «organización delictiva».
En Italia, cinco activistas climáticos del grupo Last Generation fueron vigilados en abril de 2023 por «asociación criminal».
La organización de derechos humanos ha constatado también «una variedad de ejemplos preocupantes relacionados con la criminalización, penalización y detención de menores» en protestas, como el arresto en Grecia en 2020 de dos estudiantes de 15 años que fueron «supuestamente retenidas durante muchas horas en malas condiciones sin ser capaces de hablar con sus padres».
Además, la ONG se hace eco de informaciones publicadas en medios de comunicación griegos, tras las protestas del 9 marzo de 2021, donde se describen apaleamientos durante los arrestos a manifestantes y supuesto acoso sexual y maltratos a los detenidos, entre ellos menores, durante actos de violencia entre la policía y personas que protestaban por supuestamente haber herido a un agente.
Este informe señala también el uso de armas «menos letales» contra manifestantes que les han causado lesiones graves y a veces permanentes, incluidas fracturas de huesos y dientes (Francia, Alemania, Grecia e Italia), la pérdida de una mano (Francia), la pérdida de un testículo (España) y huesos dislocados, daños en los ojos y daño severo en la cabeza (España).
En paralelo, AI alerta que ha encontrado casos de impunidad policial, falta de rendición de cuentas y legislación que lo favorece en países como Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Alemania, Italia, Portugal, Serbia, España, Suiza y el Reino Unido.
Identifica también discriminación a la hora de autorizar protestas según los movimientos, grupos y causas, como es el caso de manifestaciones en solidaridad con grupos racializados, el colectivo LGBT+ y migrantes.
«En toda Europa, las leyes y políticas represivas combinadas con prácticas injustificadas y la vigilancia abusiva están creando un ambiente tóxico que supone una seria amenaza a los manifestantes pacíficos y protestas. Un hecho aislado en un solo país sería inquietante, pero docenas de estas tácticas represivas a una escala continental son claramente aterradoras», denunció Callamard.
Amnistía Internacional realiza varias recomendaciones en su informe, donde incluye respetar los derechos humanos, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y a la reunión pacífica.
Algunas sugerencias que da son la prohibición del uso de tecnologías de reconocimiento biométrico que permiten la vigilancia masiva, garantizar que las protestas pacíficas no sean criminalizadas, asegurar el derecho a la privacidad de los activistas e informar proactivamente a las personas que hayan sido investigadas en aquellos casos en los que sea posible.
