El Espacio de Coordinación Nacional ‘Alto a la Guerra contra los Pueblos’, que representa a zapatistas y comunidades originarias de México, denunció este lunes (24.06.2024) la «represión» contra movimientos indígenas, ambientalistas y colectivos de derechos humanos durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En un acto en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro PRODH), activistas zapatistas -movimiento que lucha por los derechos de los pueblos indígenas- y representantes comunitarios expresaron su malestar ante el «desprecio, despojo y agresión a los pueblos» sufridos en el sexenio de López Obrador (2018-2024).
Portavoces de las personas cholultecas, comunidad originaria en el estado de Puebla (centro), denunciaron lo que consideran ataques del Estado contra sus pueblos, el saqueo de sus aguas por parte de empresas privadas y la instalación de un basurero que contamina sus tierras.
«Estamos luchando frente un basurero de muerte, más de 600.000 toneladas que echaron en las tierras que utilizamos para vivir», aseguró Miguel López, un activista cholulteca que estuvo encarcelado en 2020.
Juan Bobadilla -concejal purépecha, pueblo originario que habita en el estado de Michoacán (centro), del Congreso Nacional Indígena (CNI)- se quejó ante el encarcelamiento y la «represión» que sufrieron personas de su comunidad dedicadas a la protección del medioambiente. Bobadilla cargó a su vez contra el «negocio del aguacate», cultivo que considera controlado por el Gobierno y organizaciones criminales que se hacen con el agua disponible en la región de Michoacán, donde perjudican a las comunidades locales.
«El actual Gobierno tuvo tres años y ocho meses para escuchar nuestras demandas (…) y no las ha querido resolver», dijo una representante de la comunidad otomí, quien no quiso ser identificada por temor a represalias, y denunció la falta de acceso a vivienda digna para su pueblo ante la nula respuesta de la Administración.
En tanto, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se pronunció contra la «criminalización a personas defensoras de los derechos humanos» en Chiapas, estado del sur de México. En concreto, denunció la «injusta» detención de José Díaz, militante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El levantamiento zapatista fue una rebelión de 12 días encabezada por el grupo armado EZLN, el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, que alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México.
