Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), interpuso una nueva demanda contra la vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, por una presunta infracción electoral.
La demanda la presentó por una presunta irregularidad en las elecciones de gobiernos locales de febrero del año pasado, cuando se presentó como candidata a alcaldesa de la ciudad andina de Cuenca (sur).
Guarderas explicó este sábado a EFE que una vez que a mediados de mes el juez Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, archivó la primera demanda que auspició contra Abad, decidió presentarla nuevamente en pasado martes.
El magistrado, además, por pedido del abogado que participó en el proceso, Ronald Morocho, decidió transferir a la Fiscalía General del Estado un expediente por la polémica que generó que el letrado negara haber firmado un escrito en el que se le permitía aclarar y completar la denuncia contra Abad.
Guarderas acusa a Abad de haber hecho campaña electoral fuera del periodo establecido para el proselitismo cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca, una versión que la vicepresidenta calificó de ridícula.
La normativa electoral establece que todo trámite en el Tribunal Contencioso requiere obligatoriamente el patrocinio jurídico de un abogado, por lo que Guarderas presentó un escrito en el que depositaba esa prerrogativa en el abogado Morocho, que finalmente negó haber suscrito el documento completo.
La vicepresidenta ecuatoriana, que mantiene un pulso con el presidente Daniel Noboa, cuestionó la denuncia de Guarderas, a quien acusó de haber visitado frecuentemente la Presidencia de la República.
Guarderas espera que Abad sea sancionada y que se le retiren los derechos políticos, con lo cual no podría ejercer ningún cargo público.
El consejero del Cpccs considera que, si se admite la demanda, se podría tener resultados antes de fin de año.
Abad ha reiterado que existe hacia ella un hostigamiento por parte de Noboa y de su Gobierno para presuntamente forzarla a dimitir y así evitar tener que delegar en ella las funciones presidenciales cuando el mandatario busque su reelección en las comicios generales de 2025.
La vicepresidenta ecuatoriana fue enviada en diciembre pasado por Noboa como embajadora a Israel, en una decisión que puso de manifiesto el distanciamiento entre ambos.
El pasado 15 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador negó levantar la inmunidad a Abad, para ser investigada por la Fiscalía por un presunto delito de concusión dentro de un caso de corrupción que ella considera como un acto de presión política en su contra por parte de Noboa.
Con el voto positivo de 75 legisladores, 38 negativos y 20 abstenciones, el pleno del Legislativo negó autorizar el juicio penal contra Abad y respondió así a la solicitud para desaforar a Abad, presentada por la jueza que sigue la causa de presunta corrupción, Daniella Camacho.
La mayoría opositora del Parlamento se lamentó de que no se hayan podido conocer los expedientes reservados que presuntamente vinculan a Abad con un caso de «oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia», en el que también está vinculado el hijo de ella, Sebastián Barreiro.
La Fiscalía de Ecuador vinculó a Abad al caso en el que está involucrado su hijo, aunque ambos niegan los cargos y por ello, la jueza Camacho pidió a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre este caso, ya que la vicepresidenta goza del fuero de la Corte Nacional de Justicia, el supremo tribunal de Justicia del país.
Esta causa contra Abad y su hijo surgió tras la denuncia de un funcionario despedido de la Vicepresidencia que apuntó a Barreiro como la persona que presuntamente le habría pedido quedarse con una parte del sueldo a cambio de influir para su contratación laboral.
Barreiro estuvo en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador en la ciudad portuaria de Guayaquil, de donde salió luego de varias semanas y tras el pago de una fianza de 20.000 dólares (unos 18.685 euros).
