Desde 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), ha agregado más de 1,5 millones de perfiles de ADN de migrantes a la base de datos federal que utilizan los cuerpos de seguridad del país, según un reciente reporte del Centro de Privacidad y Tecnología de la escuela de leyes de la Universidad Georgetown.
El documento “Asalto al genoma: cómo el Gobierno abusa de sus poderes inmigratorios con el fin de acumular ADN para políticas futuras”, agrega que las muestras de ADN son enviadas al FBI para ser procesadas e incluidas de forma permanente en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS). Desde esa base de datos la información genética queda disponible de forma indefinida para agencias policiales locales, estatales y federales.
Al comparecer ante una subcomisión del Senado en Washington,a principios de mes el director del FBI,Christopher Wray, señaló entre otras cosas, que el sistema CODIS le permite a unos 200 laboratorios de agencias del orden en todo el país comparar más de 20 millones de perfiles de ADN. Y que en los últimos 20 años, dicho sistema ha sido fundamental en unas 675.000 investigaciones.
El estudio, que tomó más de un año y medio, y que está basado en registros públicos y entrevistas con migrantes a quienes les tomaron muestras de ADN, también señala que, en las primeras dos décadas de existencia del Sistema de Índice Combinado de ADN o CODIS, cuando el gobierno federal autorizó la recopilación de muestras de ADN, consiguió alrededor de 25.000 muestras de no ciudadanos, indica el reporte.
No obstante, tras las modificaciones implementadas en 2020 por el Departamento de Justicia durante la administración del entonces presidente Donald Trump, los números se dispararon. El cambio permitió a los agentes del DHS recabar muestras de ADN de casi todas las personas detenidas por agentes fronterizos y también de extranjeros que ya estaban en el país. El método se ha mantenido en la administración del presidente Joe Biden, de acuerdo con el reporte.
El Centro de Privacidad y Tecnología de la escuela de Derecho de Georgetown agrega que los hallazgos en este reporte generan interrogantes sobre si los derechos de privacidad de los migrantes fueron violados, contraviniendo la cuarta enmienda de la Constitución de EE.UU. e incluso ponen en tela de juicio la constitucionalidad del programa en sí.
Las muestras de ADN, afirma el reporte, son tomadas comúnmente por agentes de inmigración de Estados Unidos con base en engaños e intimidación, a pesar de que las políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional requieren que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informen a las personas antes de tomar las muestras.
Gobierno dice que cuida la privacidad
El reporte señala además que el Gobierno ha abusado de sus poderes en materia inmigratoria para recolectar dicho material genético a un ritmo que no sería posible utilizando solo las facultades policiales para asuntos penales.
En las entrevistas realizadas para la investigación, algunos migrantes dijeron haber pensado que se trataba de una prueba para el covid-19 cuando les entregaron un hisopo para que se lo frotaran por la parte interior de la mejilla. Algunos dijeron haber sido amenazados con ser procesados penalmente si no cumplían dicha orden, señala el reporte.
El reporte concluye sugiriendo al gobierno federal tomar medidas y recomienda que frene inmediatamente la recolección de ADN y elimine todos los perfiles o muestras obtenidas con este programa.
También sugiere que el Congreso de Estados Unidos revoque la Ley de recolección de ADN a través de huellas dactilares de 2005, que autoriza pruebas de ADN a quienes sean detenidos por cualquier autoridad en Estados Unidos.
