Durante una concentración en la Plaza de la Independencia en el centro histórico de Quito, familiares de reclusos de varios centros penitenciarios de Ecuador solicitaron al Gobierno soluciones rápidas para que se retome el servicio de alimentación en 30 de los 36 centros penitenciarios que hay en el país.
El servicio fue suspendido luego de roces entre la empresa proveedora La Fattoria y el Gobierno, lo que derivó en la suspensión del servicio por parte de la contratista el 1 de mayo con el argumento de la falta de pago de una deuda de US$ 30 millones desde diciembre de 2023.
Al día siguiente, la Presidencia de la República denunció irregularidades en el servicio de La Fattoria y una conducta monopólica de la compañía. Tras ello, la defensa de La Fattoria ha indicado en varias ocasiones que no existen evidencias de irregularidades ni complicidad para el ingreso de armas a las prisiones, como afirmó el presidente Daniel Noboa.
Mientras tanto, una mujer —cuya identidad no quiso revelar a CNN argumentando temas de seguridad— acudió este miércoles a la Plaza de la Independencia para unirse a los reclamos. Ella indicó que tiene un familiar detenido en la cárcel de Latacunga y que está sentenciado a 13 años de prisión. Dijo a CNN que desde enero, cuando se declaró el conflicto interno armado en el país debido a la escalada de violencia, no ha podido verlo por la suspensión de las visitas. Agregó que a través de donaciones varios familiares de los reclusos están llevando comida a esta cárcel.
“Queremos que nos den oído, que permitan visitas, no hay claridad en el servicio de alimentación, pedimos que nos dejen ingresar medicamentos. Hay personas que tienen enfermedades crónicas y necesitamos ingresar. Con esta situación van a morir”, expresó.
Una madre de 79 años contó a CNN que la falta de recursos económicos es un gran problema pues en su caso no ha podido pagar los servicios de un abogado que pueda ingresar a la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas y pueda ver a su hijo para conocer su situación. Él fue sentenciado a 34 años de prisión y apenas ha cumplido 4 años en ese centro penitenciario. Esta madre tampoco quiso revelar su identidad durante el plantón.
“Ayúdenme por favor, pedimos encarecidamente, yo ya tengo 79 años, mi esposo es enfermo, somos pobres, no hemos podido coger abogado para ver a mi hijo. Quiero entrar a ver a mi hijo, que haya visitas para poder verle a mi hijo si está vivo o está muerto”, precisó.
Otra madre que de igual manera pidió reserva de su identidad contó a CNN que pagó a un abogado para que ingrese a ver a su hijo que cumple una sentencia de 12 años de prisión en la cárcel de Latacunga. Dice que el abogado le informó que su hijo está muy delgado y por eso pide que se retomen las visitas y se respeten los derechos de los reclusos.
“No hay alimentación. Tienes que pagar abogados para que entren y te digan las condiciones en las que está tu familiar. Por lo menos yo pagué, mi hijo está demasiado delgado, dice que son maltratados”, enfatizó.
El SNAI dijo a CNN que el servicio de alimentación se está comenzando a regularizar en ciertas prisiones y que al momento la institución está trabajando en la etapa preparatoria para la contratación de un nuevo servicio de alimentación penitenciaria.
“Se prevé realizar un proceso de contratación por régimen especial, lo que permita acelerar los tiempos de adjudicación del contrato”, precisó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad en su respuesta a CNN.
Supuestos maltratos
Tres mujeres entrevistadas durante el plantón en Quito contaron a CNN sobre presuntos abusos dentro de algunas prisiones y dijeron que sus familiares estarían siendo sometidos a maltratos, sin presentar alguna evidencia o denuncia al respecto.
Conflicto interno armado pone en riesgo los derechos humanos, dice informe de Human Rights Watch
El 22 de mayo, la organización internacional Human Rights Watch emitió un informe en el que, entre otras cosas, indicó que en Ecuador se han reportado abusos de la fuerza pública contra personas dentro y fuera de las prisiones en el contexto del conflicto interno armado. Afirmó que en las cárceles los militares estarían manteniendo a los reos incomunicados con sus abogados y presuntamente ejerciendo malos tratos y torturas.
“Las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”, precisa el informe.
