La cifra de personas que han muerto estando en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador -en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas- superó las 301 y la mayoría se habrían dado de forma violenta, según dijo este lunes (10.06.2024) Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
«En 26 meses del régimen de excepción hemos constatado la muerte de al menos 301 personas en centros penales de El Salvador», sostuvo Escobar en declaraciones a la agencia EFE. Escobar explicó que, de esta cifra, únicamente una persona falleció en la mega cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el resto en prisiones como Izalco, La Esperanza, Apanteos, Zacatecoluca, Quezaltepeque y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).
La activista destacó que el 48 % de estas muertes «han sido por torturas, muertes violentas» y el 33 % por negación de tratamiento médico. La directora de SJH apuntó que son más de 500 las denuncias de muertes de personas detenidas en centros penales las que ha recibido la organización no gubernamental que lidera, pero únicamente han logrado confirmar 301.
Cuando organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos dieron a conocer las primeras muertes en cárceles, el fiscal general, Rodolfo Delgado, informó a mediados de 2023 que se archivaron 142 casos, porque «no constituyen delito».
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno de Nayib Bukele.
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional. En tanto, las organizaciones humanitarias han recibido más 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.
Esta medida, que logró acentuar la disminución de los homicidios comenzada en 2016 por anteriores administraciones, goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Bukele para conseguir su reelección inmediata, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.
