El mandatario boliviano Luis Arce arribó a San Petersburgo y este jueves 6 de junio se reunirá con el presidente Vladimir Putin y con la corporación nuclear Rosatom, que invertirá en el litio del salar de Uyuni. El viernes, Arce disertará en el foro sobre el modelo económico que aplica en el país.
La ministra de Exteriores, Celinda Sosa, adelantó que los países alcanzarán acuerdos bilaterales económicos y comerciales. Es previsible que Putin y Arce aborden la petición boliviana de adherirse al grupo de los BRICS, que también integran Brasil, China, India y Sudáfrica.
A la par, el clima conflictivo en Bolivia tuvo esta semana como protagonistas a los camioneros de transporte internacional, que bloquearon carreteras durante 48 horas. También hubo largas filas en las gasolineras que menguaron ante la llegada de cisternas desde Chile, y son constantes los reclamos de los comerciantes y consumidores por la inflación en los alimentos, y las quejas en los pacientes de hospitales por la falta de medicamentos importados para tratar el cáncer y otras enfermedades.
El líder de los camioneros, Domingo Ramos, dijo que debido al viaje de Arce a Rusia, su sector hizo una pausa en su protesta, pero amenazó con que, si la próxima semana no se reúnen con el mismo mandatario, bloquearán indefinidamente las fronteras el 17 de junio.
Los camioneros, que afilian a 8.000 socios, reclaman por los combustibles, pero también porque reciben depósitos internacionales en dólares, pero los bancos bolivianos se los cambian obligatoriamente por la moneda local al tipo de cambio oficial ya que, según alegan esas instituciones, tampoco cuentan con la moneda estadounidense.
El clima de protestas y los problemas descritos, según economistas consultados por France 24, son la consecuencia de debilidades estructurales del modelo económico, aunque el Gobierno lo niega y atribuye los conflictos a “conspiraciones” para desestabilizar a Arce.
“Ha comenzado a contraerse la economía”
Según el economista Gonzalo Colque, de la Fundación TIERRA, “ha comenzado a contraerse la economía nacional, está pasando la factura al país, y ha comenzado a visibilizarse con todos los problemas que todos los días vemos en la calle, cada vez con más frecuencia”.
La causa está en que, tras el periodo de la bonanza que tuvo Bolivia con la renta del gas natural, “el modelo no funciona y está agotado”, dijo.
El experto explicó que un problema estructural es el congelamiento desde el 2005 de los precios subvencionados de la gasolina y el diésel en torno a 0,50 centavos de dólar por litro, pese a que el país está obligado a importar el 86 % del diésel y el 50 % de la gasolina que consume a precios mucho más altos.
Las importaciones de combustibles, explicó Colque, le demandan al país un gasto anual de más de 3.000 millones de dólares, que antes eran financiados con sus exportaciones de gas, que incluso llegaron a 5.500 millones de dólares anuales, pero que han caído a solo 2.000 millones.
Además, han caído las exportaciones en general en torno al 20 % en 2023 y en un 27 % en el primer trimestre de este año, lo que también ha repercutido en la escasez de la moneda estadounidense.
Un segundo problema de fondo de la economía es el congelamiento desde fines del 2011 del tipo de cambio oficial en Bs 6,96 por un dólar, aunque por la escasez actual el precio ha subido más de un 20 % en las calles. La población reclama que ni así puede conseguirse esa divisa.
“El dólar paralelo tiene un 20 % y 30 % más y eso se traduce en un impacto en el mercado con los precios en el corto plazo, y en el mediano plazo vamos a tener un desabastecimiento primero de diésel y luego de gasolina y de los productos importados básicos”, dijo Colque.
Por su parte, el economista Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central, subrayó que “el esquema de subsidios y precios atrasados en Bolivia es muy grande, mucho más que en toda la región” porque alcanza, por ejemplo, a los precios de gas natural para generar electricidad y a otros servicios básicos para el mercado interno.
“Esto ha derivado también no solo en la carencia de divisas, sino también en el déficit fiscal. Llevamos diez años de déficit fiscal. Todo este escenario ha explotado de golpe, yo diría desde febrero del año pasado y ahora empieza a sentirse en la población”, apuntó Espinoza.
El economista acusó al Gobierno de “ocultar” el dato del déficit fiscal y que, según sus propios cálculos, en 2023 fue en torno de 5.500 millones de dólares, igual al 12 % del Producto Interior Bruto. “Es la cifra históricamente más alta que ha registrado el país”, apuntó.
“Esta cifra también llama la atención porque mientras la mayoría de la economía se está ajustando, el Gobierno se niega a aceptar la crisis y empezar a ajustar, lo cual genera una carga muy grande para la ciudadanía por las presiones inflacionarias”, sostuvo.
