El Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vio el pasado jueves 25 de abril un caso que podría cambiar el curso de las elecciones presidenciales de 2024 y de la vida democrática estadounidense. El caso de inmunidad de Donald Trump contra Estados Unidos se centra en una simple frase: «si un expresidente goza de inmunidad presidencial frente a procesos penales por conductas que supuestamente impliquen actos oficiales durante su mandato y, en caso afirmativo, en qué medida».
Trump cuenta con la Suprema Corte de una forma muy personal como ciudadano y candidato. El tribunal de nueve miembros está dominado por seis jueces conservadores, tres de los cuales fueron nominados por él. Durante los argumentos, la mayoría conservadora masculina del tribunal consideró la idea de conceder algunas protecciones a Trump en este proceso.
El caso tiene su origen en las caóticas secuelas de las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente Donald Trump ha sido acusado de interferir ilegalmente en la certificación de esas elecciones y de crear las circunstancias en las que pudo producirse el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. Estas acciones fueron vistas prácticamente en todo el mundo al ser televisadas en vivo, y es un hecho innegable.
El equipo de abogados de Trump argumenta que no estaba interfiriendo ilegalmente en la elección, sino que en realidad estaba trabajando para proteger su integridad. Pero, lo que es más importante, afirman que Trump debería gozar de inmunidad judicial, ya que las maniobras que realizó, buenas o malas, fueron actos oficiales.
El abogado defensor, John Sauer, aseguró que “la amplia inmunidad presidencial garantiza que los líderes puedan ser audaces e intrépidos durante su mandato” agregando que, “el presidente podría asesinar a un rival político y gozar de inmunidad judicial”.
Los presidentes, como los demás ciudadanos, deben cumplir la ley y no están sobre ella. Nada en el ejercicio de un mandato presidencial señala que un expresidente tenga inmunidad de toda responsabilidad personal por delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo.
Los argumentos que se presenten ante el tribunal a lo largo del próximo mes de mayo se centrarán en las cuestiones de; qué constituye un acto oficial de un presidente; qué actos se encuentran dentro del círculo exterior de las funciones de un presidente; y la responsabilidad de los expresidentes ante un proceso penal por su conducta mientras ocupaban el cargo.
Si los jueces rechazan la demanda de inmunidad de Trump y dicen que el caso penal puede proceder, entonces Trump tendrá que hacer malabarismos para continuar su campaña y luchar contra las acusaciones de Jack Smith, el fiscal especial.
Si los jueces dicen que el tribunal de distrito debe reconsiderar la demanda de inmunidad y separar las acciones personales de las oficiales, entonces el caso se retrasaría y potencialmente sería menos importante para los votantes el próximo noviembre.
Si los magistrados se ponen del lado del equipo de Trump y aceptan la idea de una amplia inmunidad presidencial, eliminarían uno de los principales obstáculos que se interponen en la supuesta reelección del expresidente.
Los ojos del mundo estarán fijos en la balanza de la Justicia, donde dependerá más que nunca, que la democracia no desaparezca en los Estados Unidos.