La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó una demanda de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) para que anule la investigación fiscal que derivó en una denuncia constitucional por el uso de relojes de lujo Rolex y otras joyas, supuestamente prestados por un gobernador regional, según un documento publicado este jueves por los medios locales.
La demanda presentada por el abogado Marcos Rivero sostiene que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, no podía abrir una investigación preliminar contra la mandataria, tampoco pedir el allanamiento de su domicilio, sin previa denuncia constitucional y autorización del Congreso.
La defensa de Boluarte argumentó que en el Nuevo Código Procesal Penal existe una exigencia de denuncia constitucional, antes de poder investigar a la jefa de Estado, según el escrito difundido por el diario El Comercio.
Precisamente, el Ejecutivo peruano anunció, hace unos días, que presentará una demanda competencial para que el TC aclare a la Fiscalía que no puede investigar a la presidenta, más que en los casos previstos en la Constitución mientras ejerce el cargo, como son traición a la patria, impedir las elecciones generales o disolver el Congreso, entre otros.
Además, la demanda presentada por Rivero afirma que Villena tampoco puede investigar a Boluarte por su condición de interino, razón por la cual pide que se ordene a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que procure con el nombramiento de un fiscal general titular en el menor tiempo posible.
El fiscal Villena denunció a Boluarte «como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado» por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.
Al respecto, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, sostuvo que tiene la certeza de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales «va a declarar improcedente esta pretendida denuncia constitucional, porque no encuadra en ninguno de los cuatros supuestos del (artículo) 117» de la Constitución, dado que no están considerados los delitos de corrupción.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que la denuncia se verá en la sesión del próximo martes y añadió que veía «un claro cumplimiento de las funciones que le corresponden» al fiscal general, que comprenden llevar el caso ante el Congreso, que es la instancia que deberá decidir si procede.
